El plan ‘antiokupa’ de Catalá en Valencia: unidad policía y prohibición de empadronarse a los ‘okupas’

La nueva alcaldesa de Valencia la popular María José Catalá pondrá en marcha un ambicioso plan para combatir la okupación ilegal en la tercera ciudad de España. Ese plan se sustenta en tres pilares: información a las comunidades de vecinos para que sepan qué hacer en caso de que una vivienda sea okupada ilegalmente, creación de una brigada policial antiokupas y evitar que esos okupas puedan empadronarse en la vivienda ilegalmente okupada.

Además, María José Catalá pondrá en marcha también iniciativas para que las familias cuya acción corresponde a una necesidad social tengan «todas las ayudas del mundo» y no se perjudique a los legítimos propietarios de la vivienda.

Según avanzó OKDIARIO el pasado 18 de junio, el PP incluirá entre sus prioridades de cara a la próxima legislatura la lucha contra okupación ilegal, que bajo el mandato del gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez se ha incrementado un 41%.

Las leyes antiokupas del PP de Alberto Núñez Feijóo serán de las primeras que se aprueben en el Congreso si los populares ganan las Elecciones Generales, con medidas como los desalojos en 24 horas.

En consonancia con ello, el PP valenciano también ha ideado una batería de medidas que los ayuntamientos de Alicante, Castellón y Valencia ya se preparan para poner en marcha. Una de ellas, la creación de una oficina antiokupas para trabajar con el diálogo y asesorar a los propietarios. Pero, también, en el caso de Valencia, las campañas de información a las comunidades de vecinos para que sepan qué hacer en caso de una okupación ilegal, la creación de una unidad policial exclusiva para estos casos y evitar el empadronamiento de los okupantes ilegales en la vivienda okupada.

Padrón municipal

En el caso de Valencia, la nueva alcaldesa María José Catalá ha definido la okupación ilegal como una cuestión «a combatir legalmente y formalmente con todos los medios que tengamos», si bien ha matizado que «hay competencias que son del Estado, como endurecer las sanciones en el Código Penal, pero todo lo que dependa del Ayuntamiento ha de hacerse».  Catalá ha puesto como ejemplo: «Dar de baja en el padrón municipal a las personas que están okupando irregularmente una vivienda».

No obstante, Catalá ha matizado también que la okupacion «que responde a una necesidad social vamos a trabajarla con los servicios sociales» de forma que, según ha explicado, «la familia tenga todas las ayudas del mundo para tener una vivienda en condiciones y que no perjudique a otra persona que tiene legitimidad sobre su propiedad». Esa, ha dicho, «es una cuestión. Y otra son las okupaciones irregulares que no responden a situaciones sociales que pueden justificarse y acreditarse».