Mazón fulmina el ‘sablazo fiscal’ del impuesto verde de Puig y Oltra a los centros comerciales

El Gobierno valenciano del popular Carlos Mazón fulminará antes de su entrada en vigor en 2025 el sablazo fiscal contenido en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana de Ximo Puig y Mónica Oltra. Esa norma incluía un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. Otro, sobre la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera de actividades y un tercer impuesto ambiental sobre grandes establecimientos comerciales.

La Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana fue elaborada en su día desde la consejería de Emergencia Climática que entonces dirigía Compromís con Mireia Mollá. El texto se conoció en 2022. Pero, ya en la campaña electoral de 2019 la propia Mónica Oltra propuso la redacción de una Ley de Cambio Climático, Sostenibilidad y Economía Circular.

En marzo de este 2024, con motivo de su intervención en la sede de la Patronal catalana Foment del Treball, en Barcelona, Carlos Mazón trasladó las iniciativas en materia de reducción de impuestos que su Gobierno estaba entonces y ahora llevando a cabo en la Comunidad Valenciana.

Y anticipó que llevaría a cabo la supresión de los tres impuestos que el Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra coló en su día con la excusa del cambio climático. Este miércoles, la consejera de Comercio Nuria Montes ha adelantado que esos tres impuestos serán suprimidos antes del 1 de enero de este 2025.

Nuria Montes se ha expresado así en el XX Congreso de Centros y Parques Comerciales, que reúne en Valencia a un millar de profesionales. En ese foro, Montes ha cuantificado en 23.797.500 euros la cuantía total de las ayudas que la Generalitat Valenciana concederá este año a los agentes relacionados con la actividad comercial. Esto es: pymes, asociaciones y federaciones comerciales, empresariales y administraciones locales.

La consejera valenciana ha explicado que la supresión de los tres impuestos mencionados se puede tramitar como decreto ley, que se puede convalidar en las Cortes Valencianas. O bien, dentro de la ley de medidas fiscales que acompaña a la de Presupuestos. Es decir, lo que se conoce como ey de acompañamiento. «Pero lo que es seguro es que el 1 de enero no entrara en vigor este impuesto», ha sentenciado Nuria Montes.

En el caso de los grandes establecimientos comerciales, además de la supresión del impuesto ambiental, el Gobierno valenciano modificará la ley de comercio para que aquellas zonas declaradas de gran afluencia turística y que, por tanto, tienen ese tipo de libertad horaria ampliada, no tengan que renovarla salvo que cambien las circunstancias que generaron su concesión. Es decir, que tendrán carácter permanente.

El impuesto ambiental sobre grandes establecimientos comerciales de ocio, hostelería o espectáculos, era un gravamen sobre las plazas de aparcamientos, entendiendo que «su efecto de atracción al consumo, provoca un desplazamiento masivo de vehículos y, en consecuencia, una externalidad negativa en el medio ambiente, con un coste que estos establecimientos no asumen».

Ahora, su supresión impedirá que llegue a entrar en vigor y supondrá, en consecuencia, un alivio más para los bolsillos de los valencianos a los que ya en 2025 gravarán medidas como el basurazo de Pedro Sánchez.