La investigación del Gobierno de Ximo Puig arranca en octubre: «Hay miles de folios» pero faltan más

La comisión de investigación impulsada en las Cortes Valencianas por PP y Vox para esclarecer la existencia de supuestas irregularidades en el sector público instrumental bajo los gobiernos del socialista Ximo Puig no arrancará este mes de septiembre. Lo hará en octubre, según han confirmado fuentes próximas a la misma a OKDIARIO. El motivo de este aplazamiento estriba en que si bien la citada comisión ha recopilado ya miles de folios con la documentación solicitada a diferentes instancias institucionales, aún faltan más.

La decisión de esperar a octubre para iniciar los trabajos de la comisión de investigación se fundamenta en el criterio de rigurosidad que los partidos impulsores de la misma quieren mantener y en la firme decisión de no convertirla en un «circo». Porque el objetivo es indagar y esclarecer esas presuntas irregularidades se tarde lo que se tarde, pero con la mayor transparencia y claridad.

La citada comisión de investigación forma parte de las iniciativas adoptadas por los dos grupos políticos antes citados, PP y Vox, después de que este 16 de enero el nuevo presidente del Gobierno valenciano el popular Carlos Mazón hiciera públicos los resultados de una auditoría sobre el sector público instrumental bajo el Gobierno de Ximo Puig.

PP y Vox anunciaron la iniciativa el 18 de enero. Sólo 48 horas después de tener constancia de cuál era la situación en se sector público instrumental valenciano.

Por tanto, el arranque de la segunda etapa de la comisión de investigación, la que se iniciará ya con todos los documentos en poder de los investigadores, no va a coincidir con la apertura del nuevo periodo de sesiones. Aún restan papeles solicitados a la diferentes consejerías, empresas públicas y otros entes, que no han sido enviados a las Cortes Valencianas.

Los datos que han provocado la puesta en marcha de esta comisión de investigación se fundamentan en la auditoría antes citada. En ella, se revelaba, entre otras cuestiones, la existencia de más de 253.122 contratos directos por valor de 713 millones de euros. Y otros datos, igualmente escalofriantes, como las más de 4.000 contrataciones de personal «que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos en 2021.

Mazón denunció también en aquel 16 de enero la existencia de «facturas en los cajones, contratos a dedo, personal no autorizado, gastos sin control, transferencias bancarias sin titular y el mayor número de empresas y entidades de nuestra historia».