Filtran la decisión de la Fiscalía contra el Gobierno de Mazón horas antes de que declare Begoña Gómez

La decisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) no atribuye ni señala ninguna conducta en concreto contra Carlos Mazón. Pide que la causa sea instruida en un juzgado ordinario. Y no en el Alto Tribunal valenciano, que es el único competente para juzgar al presidente de la Generalitat dado que es aforado, según han confirmado fuentes de la propia Generalitat, que mediada la tarde de este martes no habían recibido información alguna del TSJ sobre este caso, a pesar de que a quien afecta es la propio presidente de la Generalitat Valenciana. Si bien, en su caso, no debía recibirla, al tratarse de un escrito de parte y no ser él parte personada.

Y, a pesar, también, de que la citada decisión de la Fiscalía se ha filtrado este mismo martes. Y ello, a pesar de que, en principio, el plazo para que el fiscal presentase su informe concluía este miércoles, según han confirmado a OKDIARIO fuentes del propio TSJCV. 

En realidad, el asunto ha tomado una enorme velocidad a partir de este viernes, 13 de diciembre. Tanto el TSJCV como el Tribunal Supremo, como publicó OKDIARIO, habían recibido denuncias contra Carlos Mazón y Pedro Sánchez por la DANA. Pero, el ritmo del Supremo contrasta con la velocidad que el caso ha tomado en el TSJ valenciano a partir, precisamente, de ese viernes 13 de diciembre.

En esa fecha, la Sala de lo Civil y lo Penal del Alto Tribunal valenciano notificó una providencia en la que acordaba acumular hasta siete denuncias y querellas presentadas contra Mazón en una sola causa, argumentando que todas ellas trataban sobre los mismos hechos.

La resolución judicial disponía también abocar la decisión sobre la causa al Pleno de la Sala de lo Civil y lo Penal, que está integrada por la presidenta de la propia Sala y del citado TSJCV Pilar de la Oliva y por otros cuatro magistrados, conforme a las normas de reparto.

Pero, además, acordó también dar traslado al fiscal para que en el escaso plazo de dos días emitiera un informe sobre la competencia del TSJCV y la admisión o no a trámite en torno a esas siete denuncias y querellas que han remitido las partes.

Tanta celeridad despertó recelo en círculos cercanos al caso en Valencia. Pero el respeto a la decisión del Alto Tribunal en esas horas y en los días que han seguido a aquel viernes ha sido total. Si bien, llama la atención que tampoco desde la izquierda se haya producido ni en esas horas ni en las posteriores declaración alguna al respecto, como sí ha ocurrido en otras ocasiones.

Los dos días de plazo que el TSJCV había dado a la Fiscalía para pronunciarse concluían este miércoles. Una fecha especialmente señalada por los medios en cuanto a los calendarios judiciales porque se da la circunstancia de que coincide con la declaración de la imputada Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, a partir de las 10 horas.

Una declaración, la de Begoña Gómez, que había suscitado un enorme ruido. Hasta el punto de que, como ha publicado OKDIARIO, la magistrada juez decana de Madrid ha dictado un acuerdo gubernativo autorizando medidas especiales de seguridad. 

Este miércoles, ya fuera de los calendarios judiciales, se da también la circunstancia de que las Cortes Valencianas celebran su último Pleno del año, que se alarga dos días, con varios puntos sobre la DANA. Pero, además, el segundo de esos días, el jueves, es cuando se lleva a cabo la sesión de control al presidente de la Generalitat. Es decir, que los grupos políticos con representación parlamentaria preguntan a Mazón por las cuestiones de interés que en ese momento existen en la Comunidad Valenciana.

Visto desde la perspectiva parlamentaria, la decisión de la Fiscalía sobre Mazón se ha conocido a horas del arranque del Pleno en las Cortes Valencianas y a dos días de la comparecencia de Mazón en esas mismas Cortes.

Todo esto sucede mientras, también, en el ámbito parlamentario, el imputado fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, se niega a comparecer en el Senado antes de febrero, alegando problemas de agenda. Pese a la insistencia de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, el máximo representante del Ministerio Público mantiene la excusa de que no puede acudir porque tiene «compromisos adquiridos previamente», según ha publicado también OKDIARIO.