La Diputación de Alicante reclama a Sánchez que dimita por la corrupción y exige elecciones
La moción del PP incluye el pronunciamiento favorable a la eliminación de los aforamientos de los cargos públicos
La Diputación de Alicante, que preside el popular Toni Pérez, ha instado este miércoles al Gobierno de España a la dimisión de su presidente, el socialista Pedro Sánchez, «en base a todos los casos de corrupción acaecidos en las últimas semanas», así como a la convocatoria de Elecciones Generales. Todo ello, según consta en el punto octavo de una moción presentada al Pleno de la institución provincial por el PP y que ha sido votada a favor por los populares y Vox. Por su parte, Compromís, socio parlamentario de Sumar de la vicepresidenta Yolanda Díaz en el Congreso, también ha puesto tierra de por medio con los socialistas y se ha abstenido. Por lo que sólo el PSOE se ha posicionado en contra.
La moción aprobada este miércoles en la Diputación de Alicante se produce en pleno escándalo por la corrupción que rodea a Sánchez y sólo días después de que el hasta hace escasas fechas secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, haya sido enviado a prisión por orden del juez.
El texto aprobado por el Pleno de la Diputación de Alicante es una moción del Grupo Popular «para condenar la corrupción en las instituciones», firmado por la vicepresidenta de la institución, Ana Serna. E incluye, entre otros puntos, el pronunciamiento favorable de esa misma institución a la eliminación de los aforamientos de los cargos públicos «con el objetivo de garantizar una mayor igualdad ante la ley, eliminar la impunidad de los corruptos y «reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas».
El punto octavo. Es decir, el que reclama a Sánchez que dimita y la convocatoria de elecciones es, en realidad, una auto enmienda del PP a su propio texto, que inicialmente contaba con siete puntos. Pero, en su conjunto, evidencia una clara determinación por luchar contra las conductas corruptas en el seno de las instituciones.
Así, la Diputación de Alicante, condena «cualquier acto que implique indicios claros de corrupción», insta al Gobierno de España a «depurar todas las responsabilidades derivadas de casos de corrupción», con las «dimisiones» no sólo de personas relacionadas directamente, sino además «llevar a cabo una auditoría externa al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible».
Además, insta también, en este caso a la Generalitat Valenciana, a reforzar todos los mecanismos de control institucional contra la corrupción y se compromete a promover medidas de prevención.
También, insta al Gobierno de España a impulsar una modificación del código penal para incluir «sanciones específicas para los implicados en casos de corrupción». Entre ellas, la prohibición de contratar con la Administración y un incremento significativo de las multas, «tanto para quienes actúan como corruptores como para quienes aceptan sobornos o participan en prácticas corruptas».
El acuerdo adoptado este miércoles por la Diputación de Alicante será trasladado al propio Gobierno de Pedro Sánchez, a los grupos parlamentarios en el Congreso y en las Cortes Valencianas, a la Generalitat Valenciana y a los ayuntamientos.
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