Desarticulada una red de falsas contrataciones de inmigrantes en una operación con 110 detenidos

Agentes de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y de la Brigada de la Policía Judicial de Alicante han desarticulado una red de inmigración ilegal. La organización confeccionaba falsos contratos de trabajo a cambio de elevadas cantidades de dinero: hasta los 3.500 euros. La Policía calcula que la banda ha podido obtener un beneficio en torno a los 980.000 euros. La operación había arrancado en 2022 y se ha saldado con 110 detenidos procedentes de Argelia, Marruecos, Colombia, España, Ecuador, Bangladesh y Polonia. Entre ellos, el supuesto jefe del entramado: un español de 74 años de edad.

De los 110 detenidos, un total de 83 son varones y 27 mujeres. Entre los presuntos delitos que se les atribuyen se encuentran, según la Policía, facilitación de inmigración irregular, falsedad documental, estafa, fraude a la seguridad social y contra la seguridad vial.

Hay ocho empresas investigadas, porque supuestamente fueron utilizadas para efectuar las contrataciones fraudulentas. Han sido detenidos nueve de los administradores de esas mismas empresas en el transcurso de la operación.

La operación policial había arrancado a inicios del año 2022, a resultas de denuncia de un ciudadano argelino, que había abonado 3.500 euros a cambio de obtener un contrato de trabajo ficticio, que le permitiera obtener el alta en la Seguridad Social.

Al hilo de esa primera denuncia, los agentes hallaron a otras cuatro personas, todas de origen argelino, que según el relato policial, también habían pagado por esos mismos contratos ficticios.

Las pesquisas policiales consiguieron dar con el paradero del presunto cabecilla: un español de 74 años de edad que, supuestamente, actuaba en connivencia con los administradores de varias empresas. La organización se completaba con otros ciudadanos extranjeros, que ejercían como intermediarios y efectuaban presuntamente las labores de captación.

Además, los agentes investigaron más de 150 expedientes en los que se habían empleado contratos hasta con ocho empresas diferentes y supuestamente relacionadas con la organización. Y solicitaron la apertura de esos expedientes en las oficinas de extranjería de Alicante, Murcia, Toledo, Huesca, La Coruña y Navarra.

Los emplazamientos que figuraban en los contratos, según la Policía, resultaron ser de direcciones que no existían. Pertenecían a locales abandonados, negocios cerrados, descampados, urbanizaciones privadas o bloques de pisos residenciales sin actividad económica, lo que evidenciaba, para la Policía, la supuesta ilicitud de las contrataciones.

En cuanto al modo de proceder o modus operandi de la organización, la Policía Nacional pudo saber que ésta presuntamente se enriquecía a costa de los inmigrantes que necesitaban legalizar su situación en España. Así, la fase de explotación de la operación policial se puso en marcha en agosto de 2023. Si bien, la mayor parte de las detenciones se han efectuado en los meses posteriores a aquel agosto de 2023 y en este 2024, que es cuando se ha producido la completa desarticulación de la citada red.