El Ayuntamiento de Valencia insta al Defensor del Pueblo Europeo a investigar la Ley de Amnistía

El Ayuntamiento de Valencia insta a la Defensora del Pueblo de la Unión Europea, una institución con sede en Estrasburgo, de la que actualmente está al frente la irlandesa Emily O’Reilly, a elaborar un informe especial al considerar que la Ley de Amnistía pactada por el presidente del Gobierno de España en funciones y candidato a la investidura el socialista Pedro Sánchez con los independentistas catalanes incumple el Derecho de la Unión. Si bien el Defensor Europeo no tiene poder vinculante para el cumplimiento de sus resoluciones, el nivel de cumplimiento de esas resoluciones es alto.

Se da la circunstancia de que Emily O’Reilly es la misma persona a la que en 2019 el fugado Carles Puigdemont y Toni Comín remitieron una carta de protesta cuando el Parlamento Europeo les impidió el acceso a su sede para tramitar las acreditación temporal como eurodiputados.

La mención a esta iniciativa forma parte de los acuerdos que incluye la moción formulada por la alcaldesa de Valencia la popular María José Catalá ante el Pleno de la Corporación este miércoles, de rechazo a los acuerdos conseguidos para la investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. Una iniciativa que se ha debatido y votado mientras Pedro Sánchez pronunciaba su discurso en el Congreso de los Diputados, precisamente, como candidato a la investidura.

La moción del Ayuntamiento de Valencia ha salido adelante con los votos favorables del equipo de Gobierno Local, que conforman Partido Popular y Vox. Y, en contra, de los socialistas y de Compromís. Esta última formación está integrada en la coalición Sumar que lidera la vicepresidenta del Gobierno en funciones Yolanda Díaz, quien ya alcanzó en su día un acuerdo para la investidura de Sánchez.

La moción presentada ante el Pleno municipal de Valencia incluye un acuerdo de 11 puntos. El primero de ellos, es el total compromiso del Ayuntamiento con la «vigencia de la Constitución española de 1978 y su voluntad de defender el Estado de Derecho». Y el segundo, la «total confianza» en el rey de España Felipe VI «como garante de la unidad y permanencia de la nación española. Además, la moción rechaza el acuerdo alcanzado por los partidos y coaliciones que apoyan la investidura de Sánchez.

También, insta a todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso, a la Mesa y a la presidenta de la Cámara la balear Francina Armengol «rechazar» cualquier proposición de Ley Orgánica de Amnistía «por ser contraria al marco constitucional, quebrar la igualdad de los españoles, abolir el Estado de Derecho y demoler la separación de poderes».

Insta también al Defensor del Pueblo de España a que elabore un informe extraordinario sobre la Ley de Amnistía «por la vulneración de derechos fundamentales y a que, en caso de aprobarse la citada ley, interponga a su vez un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional».

El Ayuntamiento de Valencia rechaza, además, la cesión a Cataluña del 100% de los tributos que se recaudan allí. E insta al Ministerio de Hacienda y Función Pública a llevar a cabo la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de la Administración Local.

El Consistorio respalda, a su vez «todos los comunicados» emitidos por el Consejo General del Poder Judicial, todas las asociaciones de Jueces y Fiscales, las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia, las asociaciones de inspectores de Hacienda, las asociaciones de inspectores de Trabajo, la Asociación de los Cuerpos de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas o Abogados del Estado. Y, finalmente, respalda «la movilización social firme, serena, respetando siempre la convivencia y rechazando cualquier acción violenta».