Torra dispuesto a desafiar otra vez a los jueces y a ERC para confinar partes de Cataluña por decreto

El lunes pasado, Torra, amenazó a los catalanes con decretar un nuevo confinamiento por decreto si en un plazo de diez días no bajaba el número de contagios

Quim Torra
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante un Pleno de control al Gobierno de la Generalitat (Foto: Europa Press).
Joan Guirado

Diez días. Es el margen que se dio el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para decidir si confinaba o no a los catalanes para frenar el ritmo de contagios en esta región. El pasado lunes, de espaldas a su consejera de Sanidad, Alba Vergés, Torra compareció acompañado del número dos de la consejería para hacer un análisis pesimista de la situación y amenazar a los ciudadanos que, o cambian de actitud, o procederá a un confinamiento de forma unilateral y al margen de lo que diga ERC y los tribunales. Sus socios solo lo ven necesario en caso de colapso de las UCI.

A punto de cumplirse el plazo, la cifra de nuevos contagios no desciende. Si bien es cierto que, a diferencia de marzo, los nuevos contagiados son más jóvenes y requieren menos atención hospitalaria, el hecho de que a diario se contabilicen más de 1.000 nuevos infectados es algo que preocupa a las autoridades sanitarias. Barcelona y su área metropolitana y Lérida son las dos zonas que más preocupan a las autoridades sanitarias. En ambos lugares hay ya transmisión comunitaria y preocupa la gran cantidad de personas asintomáticas que, sin saberlo, pueden transportar el virus e otras ciudades y pueblos infectando a sus familiares más vulnerables.

Esquerra Republicana, responsable de las áreas económicas, sanitarias y sociales de la Generalitat, no es partidaria de optar por medidas tan drásticas como un nuevo confinamiento que lleva días sobre la mesa del presidente catalán. Quim Torra sí. Durante su comparecencia el líder separatista dijo que «no me temblará la mano» a la hora de tomar las decisiones que sean más oportunas, por muy duras que sean, afirmando además que «ningún lobby me podrá presionar». Tampoco sus socios de coalición, partidarios de un confinamiento en caso de colapso sanitario, algo que todavía no ocurre pese a la presión de algunos centros.

La gestión de la crisis sanitaria ha dividido aún más el Ejecutivo que lidera Torra. Mientras él y parte de los consejeros de Junts per Catalunya son partidarios de medidas más severas, como adoptaron inicialmente en Lérida con un confinamiento rechazado posteriormente por la juez de vigilancia penitenciaria, sus socios de ERC optan por medidas más laxas. El objetivo de los republicanos es no poner en riesgo la economía catalana, muy dependiente del sector turístico. Confinar de nuevo a la población, en pleno verano, supondría un importante mazazo hacía un sector muy tocado.

El contacto con Illa, en manos de ERC

El contacto entre la Generalitat y el Ministerio de Sanidad, desde que se levantó el estado de alarma, es constante. Hay días en los que el ministro, Salvador Illa, despacha dos y tres veces con los representantes del Govern para analizar la situación de la pandemia en Cataluña. El contacto del Gobierno con la Generalitat, por eso, es básicamente a través de Esquerra Republicana. Illa habla de forma permanente con la consejera y el vicepresidente Pere Aragonès lo hace con Carmen Calvo y María Jesús Montero.

La decisión de confinar Lérida, una vez Torra impuso su criterio, fue consensuada con Moncloa según confirmaron en su día fuentes de ambos gobiernos a OKDIARIO. De ahí que, cuando el president optó por desobedecer la resolución de la jueza de guardia y hacer un nuevo confinamiento por decreto, no recibió ni un solo reproche por parte del Ejecutivo. Es más, en declaraciones radiofónicas, la vicepresidenta primera Carmen Calvo, animó al presidente catalán a seguir adelante con sus planes y a recurrir la decisión judicial.

La falta de rastreadores

Uno de los problemas a los que se achaca la gravedad de los rebrotes en Cataluña es a la falta de rastreadores. Esquerra Republicana entregó el contrato inicialmente a Ferrovial por un valor de 17,6 millones de euros. Las quejas del sector sanitario, que criticó que no se invirtiera en el sector público, y las de la oposición, que les acusaban de «dedazo», obligó a Sanidad revisar la adjudicación pese a que no se derogó en su totalidad. De hecho, a día de hoy, el poco más del centenar de rastreadores que trabajan lo hacen desde una sede de esta empresa.

Desde Sanidad confían en poder incorporar 500 nuevos rastreadores a lo largo de esta semana que tendrán que hacer la formación previa antes de poder prestar servicio. De esta forma, aseguran, se aumentará la capacidad de llevar un control exhaustivo sobre los brotes que se vayan detectando. No obstante, sumados a los que ya rastrean a día de hoy, el número de personas dedicadas a seguir el rastro del coronavirus continuará siendo insuficiente en una comunidad en la que residen más de 7,5 millones de ciudadanos.

El ultimátum de Torra

El último episodio de tensión entre los miembros del gobierno regional se vivió hace dos semanas. Tras casi dos meses sin número dos de la consejería de Sanidad, un puesto clave para la gestión de la pandemia, el President Quim Torra dio 48 horas a la consejera Alba Vergés (ERC) para que nombrase alguien para el cargo.

Según fuentes conocedoras de lo ocurrido fue el propio Torra, cansado del descontrol del departamento que dirige Vergés, el que propuso el nombre de Josep Maria Argimón, director del CatSalut, como opción para ocupar la vacante de Joan Guix, que cesó el pasado 28 de mayo. Finalmente Argimón fue nombrado la semana pasada y ya ejerce como secretario de salud pública de la Generalitat.

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