JxCAT llama a un golpe en los colegios: «Hay que tomar su control como el 1-O para salvar la inmersión»

Aunque JxCAT dice apoyar las decisiones que tome la consellería de Educación sobre el colegio de Canet que debe dar el 25% de las clases en una de sus aulas en español por decisión judicial, la realidad es bien distinta. Así lo ha evidenciado este lunes, en una entrevista televisiva, la presidenta del Parlament, Laura Borràs.  La dirigente de JxAT ha exigido al conseller Josep González-Cambray, de ERC, asumir las funciones de la dirección del centro para «descargar la presión sobre los profesionales».

Lo que quiere Borràs, de JxCAT, es que el Govern siga el mismo patrón que Carles Puigdemont en 2017, cuando asumió el control de los colegios para celebrar en sus instalaciones el referéndum ilegal del 1-O evitando así a la dirección de los centros las posibles responsabilidades penales. Borrás propone que la consellería de Educación haga ahora la mimo para desobedecer el fallo judicial y continuar dando las clases exclusivamente en catalán sin perjuicio para los profesionales de los colegios.

La candidata de JxCAT, una de las personas más destacadas que forman parte del Grup Koiné, un think thank supremacista que trabaja en defensa de la lengua catalana y que defiende, entre otras cosas, que el español deje de ser obligatorio en Cataluña, considera que «es imposible que no podamos hacer nada» en relación al colegio de Canet. Eso es lo que dijo González-Cambray el pasado jueves tras visitar las instalaciones del centro y reunirse con la dirección del colegio. La presidenta del Parlament, en la misma línea que los radicales de la CUP o el autodenominado Sindicat d’Estudiants dels Paisos Catalans (SEPC), apuesta por desobedecer.

El Govern lo descartó

La semana pasada, una vez se conoció el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que concedía medidas cautelares a una familia del centro, el Govern analizó esta posibilidad para no acatar la decisión de los tribunales. Pero la descartó rápidamente, tras ver que no existía ninguna brecha legal sobre la que impedir que los profesores tuvieran que dar un cuarto de las clases obligatoriamente en español. La consellería de Educación llegó a la conclusión de que, una vez comunicado el fallo al actual equipo del colegio, no hay ninguna otra posibilidad que cumplir.

Los jueces interpelaron al colegio

En el caso de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, los jueces se dirigieron directamente a la dirección del centro para que cumplieran con las medidas cautelares impuestas a raíz de la solicitud de una familia. El hecho de que los magistrados interpelasen directamente a la directora del colegio deja sin margen de maniobra al Govern. De hecho desde la Generalitat critican con vehemencia que el TSJC haya optado por esta fórmula en lugar de dirigir su fallo a la Generalitat, que es el último responsable de las escuelas públicas catalanas.