Vox recurre ante el Constitucional la ley educativa de Armengol que elimina el castellano

Los 52 diputados de Vox en el Congreso de los Diputados han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 1/2022 de Educación de Baleares, ya que el partido considera que además de discriminar lingüísticamente, pone en riesgo el sistema educativo por no proporcionar una enseñanza de calidad que evite las desigualdades, no respeta los derechos fundamentales, ni garantiza la inclusión educativa de todo el alumnado de las Islas.

Según ha explicado la vicesecretaria nacional jurídica de Vox, Marta Castro, el Govern que preside la socialista Francina Armengol «aprovecha la imprecisión del término inclusión para implantar un inconstitucional adoctrinamiento ideológico y para privar al castellano de su condición de lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza».

Vox también se ha referido a los artículos que vulneran el contenido primario de libertad de la enseñanza (artículo 27.2 Constitución) y el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones para elegir centro y tipo de formación.

Además de que dicha ley «persigue que el alumnado con necesidades educativas especiales pase a integrarse en centros educativos ordinarios y tiendan a desaparecer los centros de educación especial. Al igual que sucede con la ideología de género y la educación afectivo-sexual que se incorporan a la ley, no como transmisión de conocimientos desde la neutralidad exigible a la comunidad autónoma, sino como una postura ideológica sobre la cual va a ser evaluado el alumno».

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en Baleares, el diputado Jorge Campos, ha recordado que «es la primera vez en la historia de Baleares que se recurre una ley autonómica al Constitucional por vulnerar derechos fundamentales. Y es la primera vez que lo hace Vox. Abrimos el camino a otras comunidades autónomas para que hagan lo mismo».

Por todo ello, Vox solicita que se dicte sentencia para declarar la inconstitucionalidad en varios artículos que recoge la Ley 1/2022 y que suponen un riesgo para la igualdad de oportunidades, inclusión educativa y vulneración de derechos fundamentales en el marco de la enseñanza pública de Baleares.

Campos ha señalado que «hace 20 años creé la asociación Círculo Balear para defender los derechos y libertades de los ciudadanos, entre ellas, la libertad lingüística ya pisoteada entonces por la imposición del catalán, gracias a la normativa aprobada por el Partido Popular».

«Entonces», ha precisado el diputado balear «no pudimos recurrirla al Constitucional porque no existía un partido comprometido con la libertad como Vox. Este fue uno de los motivos por los que decidí transformar el Círculo Balear en Vox Baleares. Gracias a esto, a diferencia de hace 20 años, hoy sí podemos solicitar la inconstitucionalidad de aquella normativa del PP, el mal llamado Decreto de Mínimos de 1997 que eliminó el español como lengua de enseñanza, al imponer de facto la inmersión obligatoria en catalán, que es lo que ha recogido la ley de educación balear del gobierno de Francina Armengol», ha zanjado el presidente y portavoz parlamentario de Vox en las Islas.