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Vox acusa de traición a los cuatro diputados de la izquierda balear en el Congreso que avalen la amnistía

Los tres del PSOE balear, incluida Armengol, más el de Sumar se plegarán sin más a Sánchez

Para Vox es el "mayor acto de corrupción" de un político que amnistía a otro, para poder seguir en el poder

Vox traición
La presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol, con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
Indalecio Ribelles
  • Indalecio Ribelles
  • Redactor OKDIARIO en Baleares, información local de Palma, social y política en general. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El Grupo Parlamentario de Vox en la Cámara balear acusa de traición «sin precedentes» a los cuatro diputados de la izquierda balear en el Congreso que avalen la amnistía a los políticos golpistas catalanes, y voten a favor de la legislación que permitirá la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, legitimando el intento de secesión del 1-O de 2017.

En concreto se trata de las diputadas socialistas, Francina Armengol, presidenta de la Cámara Baja, Milena Herrera García, Pepe Mercadal Baquero, además del separatista, Vicenç Vidal de Sumar.

Los cuatro políticos de la izquierda balear en el Congreso, desde el minuto uno, se han plegado a los deseos de Sánchez y han dicho amén a todas las decisiones de éste sin un ápice de crítica, colaborando » en el mayor acto de corrupción política al amnistiar un político a otro expresamente a cambio de su apoyo para permanecer en el poder», según la Proposición No de Ley (PNL) presentada de urgencia por Vox en el Parlament.

Una iniciativa en la que la Cámara balear insta al Govern a «declarar su rechazo firme y enérgico a la intención de Pedro Sánchez de ser investido como presidente del Gobierno de España acordando una ley para amnistiar a los políticos golpistas catalanes».

En la misma, Vox alude a la «responsabilidad y dignidad de cada uno de los ocho diputados que representan en el Congreso de los Diputados a la provincia de Islas Baleares para votar en contra de este ataque a la unidad, igualdad y justicia en España» y alerta que «aquellos diputados que voten a favor tanto de una Ley de amnistía a los golpistas catalanes, como de una investidura que la contemple como contrapartida, serán responsables de esta traición sin precedentes».

La aprobación de una Ley de amnistía para beneficiar al expresidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de encausados o condenados por el golpe de Estado ocurrido en octubre de 2017, afirma Vox, «es una aberración jurídica sin precedentes que borraría no sólo las penas, sino las conductas ilegales protagonizadas por delincuentes ya condenados».

Como recoge el texto no se puede permitir que la amnistía se configure como contrapartida de una negociación política en un Estado democrático y de Derecho como España.

En este sentido, ocho vocales del CGPJ han pedido un pleno urgente sobre la amnistía ya que «supone la abolición del Estado de Derecho en España».

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria entre los jueces, ha manifestado también su «más firme rechazo» a una futura Ley de amnistía al golpismo separatista que «tiene el claro objetivo de anular al Poder Judicial» y que supone «el principio del fin» de la democracia española y «volar por los aires el Estado de Derecho».

Para Vox la amnistía legitima el golpismo

Las consecuencias de su aprobación son de una gravedad sin precedentes, y cada diputado que la apoye, remarca Vox, «será responsable de esta traición sin precedentes que legitima el golpismo y desacredita el Estado de Derecho, toda vez que supone reconocer que fue justo el proceso de secesión e injusto el Derecho que lo sancionó, lo que sin duda, supone dinamitar nuestro Estado constitucional y democrático».

Además, concluye la formación de Santiago Abascal, atenta gravemente contra el principio de separación de poderes, ya que «se está privando a los tribunales de enjuiciar los presuntos delitos cometidos por los amnistiados, así como de ejecutar lo juzgado en todas aquellas causas relacionadas con el denominado procés. Se trata de una nueva «bofetada»· al Poder Judicial, y al Tribunal Supremo en particular, ya que deslegitimaría su actuación frente al desafío separatista de 2017».

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