El PSOE de Armengol habla de «deterioro democrático» en Baleares y calla ante la corrupción del sanchismo
Exige a Prohens crear un organismo independiente con competencias en la lucha contra la corrupción
Reclama al Ejecutivo balear publicar los gastos relacionados con viajes oficiales en el plazo de un mes


El PSOE balear con su secretaria general y presidenta del Congreso Francina Armengol al frente, calla ante los innumerables casos de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez y exige «transparencia» al Ejecutivo balear de Marga Prohens, a la vez que manifiesta su «preocupación por el deterioro de la «calidad democrática» en Baleares.
Los socialistas empiezan la semana tras celebrar el Día de Baleares el pasado 1 de marzo, registrando un escrito en el Parlament en el que afirman que «la transparencia, el acceso a la información pública, el buen gobierno, la rendición de cuentas y la lucha y prevención contra la corrupción, son parámetros indispensables para medir la calidad de nuestro sistema democrático».
Todo lo que lleva incumpliendo su jefe de filas en Madrid, quiere que el Govern lo lleve a cabo en Baleares. Por ello los socialistas proponen crear «un organismo independiente con competencias en la lucha contra la corrupción y el control de la transparencia institucional».
Mientras, a fecha de hoy, nadie entre los dirigentes socialistas de Baleares ha abierto la boca en relación a los múltiples escándalos que rodean al Gobierno del inquilino de La Moncloa, el PSOE balear exige a la presidenta del Govern «cumplir proactivamente y en su totalidad con el código ético».
En este caso el partido dirigido por Armengol insta al Ejecutivo de las Islas a publicitar «el currículum, agenda, gastos y declaraciones de patrimonio y de intereses y actividades de los cargos públicos, y a publicar los gastos relacionados con viajes oficiales en un plazo no superior a un mes desde su momento de realización».
Mientras Sánchez continúa sin dar explicaciones de los negocios de su imputada esposa Begoña Gómez, ni de los destinos, idas y venidas de sus vuelos a bordo del Falcon, en Baleares los socialistas tienen otra vara de medir el compromiso ético.
El mismo partido que defiende, jalea y aplaude a un fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado y al borde ya del banquillo por un presunto delito de revelación de secretos, reclama al PP en Baleares el cese inmediato del presidente del Parlament de Vox, Gabriel Le Senne, acusado de un haber cometido un delito de odio tras rasgar accidentalmente durante una sesión plenaria, la foto de Aurora Picornell, conocida como La Pasionaria de Mallorca.
Y lo exige pese a que la Audiencia Provincial aún tiene que pronunciase sobre si archiva el caso, como demanda la Fiscalía.
Pero para el PSOE balear ese matiz parece ser irrelevante dado para ellos el Parlament tiene que ser «un espacio de respeto, diálogo y defensa de los valores democráticos» y «aquellos cargos que se vean involucrados en procedimientos judiciales que comprometen la integridad institucional», y citan «la comisión de delitos de odio o similares», » tienen que asumir «responsabilidades políticas”.
Tampoco los socialistas dejan pasar la ocasión para lamentar la decisión de Prohens de eliminar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción. Un organismo creado la durante la primera legislatura del Govern de Armengol en 2016, y que en ocho años no detectó ninguno de los casos de corrupción en los que se vio envuelto el anterior Ejecutivo (desde la compra de mascarillas fake, a la noche de copas de la dirigente socialista en plenas restricciones por la pandemia, la vacunación de altos cargos, el caso Puertos, Varadero o los abusos a menores tuteladas) siendo utilizada para airear cualquier irregularidad que afectara a la oposición.
Tras su cierre hace ahora justo un año, las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos siguen siendo obligatorias y accesibles, si bien, han pasado a ser parcialmente confidenciales.
Una medida que no es del agrado del Grupo Parlamentario socialista que insta al Ejecutivo de Prohens a desarrollar todas las acciones necesarias «para que el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los cargos públicos sea plenamente transparente y accesible, sin limitaciones de carácter reservado, a excepción de las datos de carácter personal de especial protección”.