Mutismo total de Armengol con el caso del ex alcalde del PSOE de Ibiza que será juzgado por corrupción

Mutismo total de la secretaria general del PSIB-PSOE y del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en el caso del ex alcalde socialista de Ibiza, Rafa Ruiz, que se sentará en el banquillo para ser juzgado por corrupción en un juicio sólo pendiente de fecha y hora para su celebración.

Si hace ya dos semanas se conoció que la Fiscalía había pedido 3 años de cárcel para Ruiz por el caso Puertos, acusándolo de cometer presuntos delitos de fraude a la Administración, prevaricación y cohecho por «amañar los concursos para la concesión pública de la explotación del Club Náutico Ibiza», Armengol no ha actuado contra Ruiz y sigue liderando el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ibiza, siendo su portavoz.

Una dejación de funciones de la también presidenta del Congreso con el dirigente socialista ibicenco, al que el fiscal Juan Carrau acusa de haber cometido en su condición de vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) esos presuntos delitos junto a otros 13 acusados.

Entre ellos, el ex presidente de la propia APB, Joan Gual de Torrella, nombrado para el cargo por Armengol y al que el Ministerio Público señala como responsable de «amañar los concursos para la concesión pública de la explotación del Club Náutico Ibiza y de unos amarres del puerto de Maó» y para el que pide nueve años de prisión.

Además, el fiscal responsabiliza al presidente del Club Náutico de Ibiza, Juan Marí, de actuar junto a Ruiz para que el club resultase beneficiado por la APB, dictando «varias resoluciones arbitrarias» y creando «comisiones técnicas ad hoc «destinadas a favorecer ilegalmente al club ibicenco. Por ello le pide tres años de cárcel por un presunto delito de fraude y por ser cooperador en el de prevaricación.

Pese a la gravedad de las acusaciones contra el que durante ocho años fue alcalde de Ibiza y que en los próximos meses se sentará en el banquillo para ser juzgado, Armengol lo mantiene en el cargo incumpliendo así el Código Ético y de Conducta del PSOE.

En concreto, como secretaria general de los socialistas de Baleares, y por ello máxima responsable de la Federación Socialista de Ibiza, está incumpliendo con esta decisión el artículo artículo 5.9 que recoge los principios de actuación del Código Ético y de Conducta del PSOE.

En el mismo de manera bien explícita se indica que «en caso de que en el procedimiento penal se dicte auto de apertura de juicio oral, deberá solicitar la baja voluntaria como afiliado y dimitir de su cargo», cosa que Ruiz no ha hecho .

A partir de ahí es Armengol la que tendría que haber actuado como recoge el mismo Código Ético, que dictamina que si no dimite el acusado, «podrá ser suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido, cuando el procedimiento se siga por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral». Es decir, Ruiz tendría que haber dimitido porque se le juzgará, entre otros, por un presunto delito de cohecho.

Y en relación a las otras dos acusaciones, fraude a la Administración, prevaricación, el mismo Código Ético apunta a que «cuando el procedimiento se siga por cualquier otro delito, previamente a la baja voluntaria y dimisión podrá solicitarse a la Comisión Federal de Ética y Garantías, a la vista de la naturaleza de las concretas circunstancias del caso, autorización para mantenerse el cargo hasta la resolución del procedimiento judicial».

Pero lejos de presentar su dimisión del cargo, Armengol, al igual que la Federación Socialista de Ibiza, mantiene su apoyo incondicional a Rafa Ruiz, asegurando en cada comunicado oficial que la investigación judicial será archivada o que Ruiz será absuelto.

Según el partido, todas las actuaciones del ex alcalde y miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria estuvieron siempre fundamentadas en informes técnicos que avalaron su legalidad, actuando conforme a la voluntad política expresada en los acuerdos de las instituciones locales y autonómicas, que fueron aprobados por unanimidad en defensa de la gestión del Club Náutico, en favor del interés general y los valores sociales, culturales y deportivos de la ciudad.