La cúpula de la Autoridad Portuaria de Baleares con Armengol, al banquillo por amañar adjudicaciones

La anterior cúpula de la Autoridad Portuaria de Baleares, con la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, al frente del Govern, se sentará en el banquillo por el caso Puertos que investiga el amaño de varias adjudicaciones.

Todo ello después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma haya dictado un auto por el que se acuerda la apertura de juicio oral al ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella, y el ex alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, junto a otras 12 personas, por el presunto amaño de varios contratos públicos en Mahón e Ibiza.

Concretamente, el Juzgado plantea abrir juicio oral a Gual de Torrella como presunto autor de dos delitos continuados de prevaricación administrativa, uno de cohecho, dos de fraude a la administración y uno de tráfico de influencias. Las acusaciones piden para él hasta nueve años de prisión.

El auto también incluye en la apertura de juicio oral al ex alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz (PSIB), como vocal del Consejo de Administración, por posible prevaricación y fraude a la administración.

Entre los acusados que serán juzgados, también destaca quien ostentaba el cargo de vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Miguel Puigserver; el ex director, Juan Carlos Plaza; y la abogada del Estado Dolores Ripoll, como asesora de la APB. Además, se sentará en el banquillo de los acusados quien tuvo el cargo de presidente de la Asociación Menorquina de Empresas Náuticas (Asmen), Justo Saura.

A la mayoría de acusados se les atribuyen los delitos de fraude a la administración y prevaricación, solicitándose para cada uno de ellos distintas penas, que incluyen prisión, especialmente para los principales responsables de la antigua cúpula de la APB.

El fiscal anticorrupción Juan Carrau considera que entre los años 2015 y 2020, todos ellos con cargos en la Autoridad Portuaria, se concertaron entre sí y con unos particulares para la adjudicación de los puertos deportivos y recreativos de Ibiza y Mahón.

El fiscal señala en su escrito que los acusados en el caso Puertos maniobraron «en beneficio de los particulares y apartándose para ello de los criterios de legalidad, transparencia, objetividad y concurrencia que han de presidir las decisiones públicas» y generando, además, perjuicio para los intereses económicos de la APB.

En el caso de la adjudicación a favor del Club Náutico de Ibiza, el escrito refiere que participó también de ese concierto Rafael Ruiz en su condición de vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y alcalde de la ciudad de Ibiza en el momento de los hechos.

En relación a la responsabilidad civil, por ahora, la jueza no ha impuesto ninguna fianza, al considerar que no ha sido posible determinar aún el supuesto perjuicio económico que provocaron las irregularidades que atribuye a los acusados.

La magistrada ha rechazado también de momento la reclamación económica planteada por las acusaciones particulares ejercidas por tres empresas del sector náutico que se presentaron a los concursos que, según han denunciado, fueron presuntamente amañados.

En el auto, la titular del Juzgado fija un plazo de dos meses a las defensas para la presentación de sus escritos, tiempo coincidente con el conferido a las acusaciones para sus calificaciones. Todo el sumario será trasladado a la Audiencia Provincial, órgano judicial que deberá fijar la fecha del juicio.

Hay que recordar que Gual de Torrella fue detenido en el mes de julio del año 2020, junto a otros cuatro directivos de la APB en una operación contra una supuesta corrupción relacionada con la adjudicación de amarres y la licitación de contratos públicos. El registro en la sede de la APB se prolongó durante más de 12 horas y, finalmente, todos los arrestados quedaron en libertad con cargos.