El plan de vivienda de Prohens logra en un año 330 pisos reconvirtiendo locales y aumentando alturas

El plan de choque vivienda del Govern de Marga Prohens ha logrado en menos de un año 330 pisos de precio reducido reconvirtiendo locales comerciales en soluciones habitacionales, o aumentando alturas en edificios, tal y como contempla, entre otras posibilidades la Ley 3/2024, de 3 de mayo de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobada a partir del Decreto Ley de emergencia.

Para valorar este dato baste indicar que el anterior Govern de la socialista Francina Armengol, en ocho años, entregó 470 viviendas a precio asequible (VPO). Ahora en menos de un año, y con un 80% de los municipios (52 de los 67 existentes en las islas) aplicando las medidas previstas en el citado marco legal impulsado por la Conselleria de Vivienda que lidera José Luís Mateo, los ayuntamientos de Baleares han tramitado la reconversión de 193 locales y oficinas en viviendas de precio limitado.

Están situados en Palma (45), Manacor (28), Inca (20), Calvià (18), Marratxí (17) y Muro (16). A ello hay que sumar otros 132 pisos a precio limitado producto del incrementos de altura de edificios para generar viviendas, la gran mayoría en Palma (128).

A estos dos segmentos hay que añadir 34 unidades adicionales producto de la reconversión de hoteles o establecimientos turísticos obsoletos en viviendas de precio tasado en las localidades de Portocristo 11, Sant Llorenç 15, Ses Salines 6 y Costitx 2.

Por otro lado, en promoción pública, el IBAVI ha reforzado este eje del plan y tiene en planificación la construcción de 869 viviendas en nuevas promociones, con el procedimiento iniciado esa legislatura, y de los que más de 150 viviendas provienen de promociones que se activan gracias a la aplicación de la Ley de emergencia, a través del cambio de uso de terrenos para equipamientos públicos.

En conjunto, la cifra de viviendas supera las 1.100 si sumamos alojamientos dotacionales, compras de viviendas por tanteo y retracto, y otras operaciones de compra.

En relación con la promoción pública, el IBAVI planifica promociones de vivienda de protección pública en unos veinte municipios de todas las islas, con el procedimiento iniciado, con una previsión actual de las citadas 869 viviendas (406 en Mallorca, 278 en Ibiza, 175 en Menorca y 10 en Formentera ).

Se suman a las casi 280 viviendas de promociones anteriores que se encuentran en ejecución (144 en Mallorca, 57 en Menorca, 60 en Eivissa y 17 en Formentera).

Finalmente, a través del programa Lloguer Segur, de más reciente puesta en marcha y que busca viviendas vacías para ponerlas en el mercado a precios reducidos, el Govern tramita más de 400 viviendas durante la fase inicial de captación de inmuebles con los propietarios. De ese total, 150 se encuentran en un proceso más avanzado, de acuerdo con la información facilitada por los colegios profesionales de administradores de fincas y de agentes de la propiedad inmobiliaria de las Islas Baleares (CAFBAL y COAPI), colaboradores en la gestión de este programa.

En total, entre esta ley y el resto de programas y medidas del plan de choque, el Govern planifica la puesta en el mercado a final de la legislatura de cerca de 5.000 viviendas asequibles en Baleares.

A ello habría que sumar, a la espera de que el PP alcance un acuerdo con Vox para su aprobación parlamentaria, el decreto ley que regula la creación de los proyectos residenciales estratégicos (PRE) en el municipio de Palma. Una medida urgente y extraordinaria para aumentar la oferta de suelo destinada a vivienda, para desbloquear y agilizar suelos urbanos y urbanizables ya previstos.

En este caso, se estima que se puede facilitar la construcción de más de 10.000 viviendas a precio asequible en el término municipal de Palma, todas con algún régimen de protección, tanto viviendas de protección pública (VPP) como viviendas de precio limitado (VPL), ambas destinadas a ciudadanos residentes. En caso de que, finalmente salga adelante, como ya precisaron esta semana los constructores de Baleares, «como mínimo», las obras no se empezarían antes de «dos o tres años».