A juicio por falsificar la firma de su exmarido para implantarse embriones sin su consentimiento en Palma

Una mujer de 50 años se sentará en el banquillo de la Audiencia de Palma acusada de haber falsificado presuntamente la firma de su exmarido para someterse a un tratamiento de reproducción asistida sin su consentimiento. La Fiscalía solicita para ella una condena de dos años y medio de prisión por los delitos de estafa procesal y falsedad en documento privado, al considerar que actuó de manera deliberada para lograr la implantación de embriones que ambos habían congelado durante su matrimonio.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a abril de 2022. En ese momento, la mujer habría imitado la firma de su entonces pareja en la documentación exigida por una clínica especializada de Barcelona para autorizar la descongelación y transferencia de los embriones criopreservados. El procedimiento de fecundación in vitro se llevó a cabo y culminó con un embarazo. En enero de 2023 nació el bebé.

Mientras tanto, la relación atravesaba su fase final. En octubre de 2022, el hombre interpuso demanda de divorcio alegando, entre otras cuestiones, que su esposa se había sometido al tratamiento sin su conocimiento ni autorización expresa. En ese mismo procedimiento manifestó que no reconocía la paternidad del menor. Sin embargo, durante el proceso judicial se aportaron documentos de consentimiento informado que supuestamente contaban con su firma y que ahora la Fiscalía considera falsificados.

El juzgado otorgó la guarda y custodia del menor a la madre, aunque estableció una pensión alimenticia de 500 euros mensuales a cargo del hombre. El Ministerio Público sostiene que la presunta falsificación no solo habría servido para llevar a cabo el tratamiento médico, sino también para influir en el procedimiento judicial, induciendo a error al órgano judicial, lo que fundamenta la acusación por estafa procesal.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita que la acusada indemnice a su exmarido por las cantidades abonadas en concepto de manutención y otros gastos, y que se declare judicialmente que no es el progenitor del menor. El juicio está previsto que se celebre esta semana que arranca en la Audiencia de Palma, donde se esclarecerán los hechos y las responsabilidades penales derivadas del caso.