Los ingenieros califican de «inamisible» el retraso en la reforma del cauce del torrente de Sant Llorenç

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Baleares (Ciccp) ha considerado «inadmisible» la demora en el proyecto de mejora del encauzamiento del torrente de Ses Planes a su paso por Sant Llorenç cuando ya han pasado siete años de las graves inundaciones que provocaron trece víctimas mortales y múltiples destrozos.

En la presentación este lunes del balance 2024-2025 sobre previsión, finalización y mejora de infraestructuras de Mallorca que hace el Colegio, la decana del Ceccip, Sara Lobato, ha lamentado el retraso de siete años en «algo tan importante que tiene el objetivo de salvar vidas».

En este sentido, ha valorado que la tramitación debería ser más rápida. Según Lobato, no es que haya habido un parón, pero las obras se han metido en el canal ordinario de tramitación.

Igualmente, ha advertido que las consecuencias de un fenómeno similar al que ocurrió en 2018 en Sant Llorenç «podrían ser las mismas o similares». «Lo que pasó puede volver a pasar si no hay la infraestructura ejecutada», ha agregado.

Grave déficit de ingenieros en Baleares

Desde el Colegio han advertido del «déficit grandísimo» de profesionales de la ingeniería que hay en las administraciones y han reclamado que se incorporen más ingenieros. Este hecho, ha apuntado Lobato, suma retrasos en la ejecución de los proyectos, informa Europa Press.

Sobre todo, ha agregado, faltan profesionales en la Dirección General de Recursos Hídricos, donde hay un ingeniero, y en varios ayuntamientos. A su juicio, es imposible reducir los plazos sin aumentar el personal.

Asimismo, han defendido «la independencia técnica por el bien de las infraestructuras y de las dotaciones públicas, respetando siempre el impulso político». «La cuestión es que se respete la frontera, a veces difusa, entre marcar las directrices de carácter político y las soluciones técnicas», ha dicho el vicedecano, Ángel Matías, en la rueda de prensa.

Según Matías, «cada vez hay más injerencia política que se come al criterio técnico». Así, ha considerado que los políticos tienen derecho a marcar las políticas y directrices de obras públicas, pero asegurando que ni el técnico «fuerce la mano» del político ni viceversa.

El balance del Ciccp Baleares señala que durante 2024 se han visado 207 proyectos, 24 informes, 52 direcciones de obras, ocho asumes delegado del contratista y 19 coordinaciones de seguridad y salud. Además, han interpuesto seis recursos a la Administración por vulneración de competencias.

En relación con los proyectos de las carreteras de Mallorca, Lobato ha hecho referencia a la redacción del nuevo Plan Director Sectorial de Carreteras (PDSC) que lleva un «pequeño retraso» de un año a causa del cambio de gestores políticos.

En este sentido, ha solicitado que la planificación del PDSC sea «lo más consensuada posible» a nivel político para que cuando se apruebe la planificación, esta se ejecute. Además, ha reclamado que las decisiones políticas vayan acompañadas del análisis técnico.

Lobato ha explicado que están esperando la aprobación inicial de la planificación, prevista para este 2025, y que después realizarán una presentación de la misma en el Colegio.

Entre las actuaciones de este 2025, ha destacado el primer tramo del segundo cinturón de Palma que, a su criterio, será un «avance importante» en la seguridad de la zona.

Asimismo, el balance hace referencia a las obras para la mejora integral de la intersección de la carretera de Sóller Ma-11 con el Camí dels Reis, cuyo proyecto está finalizado y podrían iniciar las obras este 2025, entre otras inversiones.

En cuanto a las actuaciones de Emaya y del ciclo integral del agua, la decana ha resaltado la ejecución de la primera fase de la ampliación de la EDAR 2, cuyas obras comenzaron en febrero y se estima la puesta en marcha en pruebas de las instalaciones en agosto de 2026.

«Vamos un poqutio tarde con la gestión del ciclo del agua, ya que podría estar resuelto de hace tiempo, pero son buenas noticias», ha considerado Lobato.

En relación con Puertos de Baleares (PortsIB), la decana ha destacado la electrificación iniciada en el puerto de Ciutadella y ha explicado que se han llevado a cabo actuaciones muy concretas y que no hay previsión de ejecutar infraestructuras de gran calado.

Así, en 2024 se han terminado obras de mantenimiento en el puerto de Banyalbufar, del alumbrado en el de Cala Bona, de iluminación en la Estación Marítima de Sant Antoni de Portmany y la reforma integral del puerto de Fornells, entre otras actuaciones.

Por otra parte, Lobato ha hecho referencia a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), considerando que «funciona correctamente desde el punto de vista ingenieril». A su criterio, la APB incorpora la tecnología que demanda la sociedad en tiempo real y ejecuta obras que dan servicio a la población.

La reforma del Paseo Marítimo

Sobre la remodelación del Paseo Marítimo de Palma, cuyas obras finalizarán este año, ha resaltado que serán «las primeras obras en España que tendrán una interacción entre el puerto y la ciudad de estas características».

El balance analiza también las infraestructuras de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) y señala como «lo más urgente» la finalización de las obras de prolongación del metro hasta el Parc Bit y la redacción de los proyectos del tren de Migjorn de Palma a Llucmajor.

En cuanto a las competencias de Costas, traspasadas a la Comunidad Autónoma en 2023, Lobato ha subrayado que el personal sigue siendo insuficiente ante la dificultad de la administración para contratar ingenieros. «Que no haya no significa que debamos prescindir de ellos», ha agregado.

Para el Ciccp, la gestión de la costa es mucho más que autorizar o denegar expedientes teniendo en cuenta, según Matías, que en las costas se concentran cantidad de intereses –urbanísticos, medioambientales, pesqueros, etc– que la administración tiene que mediar y resolver.

Por último, desde el Ciccp han defendido que existen varias soluciones al colapso que sufren las carreteras de Mallorca, que se prevé que salgan del Plan Director Sectorial de Carreteras, agotado desde 2019, y que pasarán por cambiar el aforo o las infraestructuras.

Preguntado por la cuestión, el vicedecano ha expuesto que son muchos los condicionantes a una posible solución, como el presupuesto, la protección ambiental, el territorio o el sector turístico.