El Govern de Prohens rechaza la petición de Vox de limitar la sanidad para los inmigrantes ilegales

La consellera de Salud de Baleares, Manuela García, ha defendido una sanidad pública universal y no excluyente ante una pregunta de Vox que reclamaba la limitación de la cobertura sanitaria para migrantes en situación irregular. Petición y respuesta se han formulado este martes durante la sesión de control al Govern que preside la popular Marga Prohens.

«Tenemos una posición clara, la atención sanitaria debe ser universal, no sólo por principios éticos y humanos, sino también por responsabilidad en salud pública», ha sostenido la consellera en la sesión de control al Govern del pleno de este martes.

Así lo ha remarcado García ante una pregunta de la diputada de Vox María José Verdú, quien ha apuntado que los hospitales y centros de salud sufren una «presión asistencial importante» y ha pedido al Govern que «actúe con valentía, que priorice a los ciudadanos y residentes legales».

«No hablamos de negar la atención urgente o humanitaria, eso nadie lo discute, pero sí de poner orden, transparencia y responsabilidad», ha dicho Verdú.

En su respuesta, la consellera ha subrayado que desde su Conselleria trabajan por una sanidad «más accesible y equitativa, en la que todos los ciudadanos puedan acceder a los recursos».

En este sentido, ha señalado que limitar el acceso de cualquier grupo de población a una atención sanitaria «tendría consecuencias negativas» no solo para las personas excluidas, sino también para el conjunto de la población.

«Los riesgos sanitarios no distinguen entre situaciones administrativas», ha insistido García, quien ha concluido que «preservar, proteger y promover» la salud de toda la ciudadanía pasa por «garantizar la cobertura sanitaria de todas las personas, de todos los ciudadanos y especialmente de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad».

Esta es la postura del Govern en cuanto a la cobertura sanitaria para inmigrantes ilegales. Una respuesta muy distinta para el acceso a subvenciones, pagas y ayudas sociales a los mismos inmigrantes para los que exigirá un mínimo de años de residencia.