Giro judicial en Mallorca: absuelto el educador de Es Pinaret acusado de ir a prostíbulos con los internos

El escándalo que durante meses sacudió los cimientos del centro de menores de Es Pinaret ha dado un giro sorprendente: el educador social que fue suspendido de empleo y sueldo por supuestamente haber llevado a un menor a consumir sexo de pago y drogas ha sido absolutamente exonerado por la justicia. La resolución judicial ha dejado claro que, tras una investigación completa y rigurosa, no existen pruebas que sostengan las graves acusaciones, poniendo fin a meses de tensión, rumores y atención mediática que pusieron en entredicho su reputación profesional y personal.

El caso comenzó a principios de octubre, cuando un interno de 17 años dijo que mantenía una relación de cercanía con el profesional salió del centro de manera pactada para pasar tiempo fuera de las instalaciones. Al final, quedó probado que esa supuesta amistad no existía y que todo era una invención del interno.  Según la versión inicial que provocó alarma inmediata, la salida se descontroló: el menor consumió drogas y participó en encuentros sexuales de pago, situaciones que fueron relatadas posteriormente al personal del centro y a sus compañeros.

La noticia encendió todas las alarmas y llevó a la gerencia a actuar de forma inmediata, siguiendo estrictamente los protocolos internos y legales, e informando a la abogacía de la Comunidad, a la Fiscalía de Menores y al juzgado correspondiente.

Como medida preventiva y ante la gravedad de la acusación, el educador fue apartado temporalmente de sus funciones y se le abrió un expediente disciplinario, mientras se desarrollaba la investigación. Durante semanas, la noticia se expandió por medios y redes sociales, pintando un panorama devastador para su imagen pública. La combinación de drogas, sexo de pago y un menor de por medio parecía confirmar, a ojos del público, la versión más alarmante del caso, aunque los hechos aún estaban bajo investigación.

Sin embargo, la investigación judicial posterior arrojó resultados que contrastaban con la versión inicial. El educador, defendido por el prestigioso letrado Óscar Navarro, defendió su inocencia y los tribunales concluyeron que no existían indicios suficientes de delito penal: el testimonio del menor no presentaba elementos de credibilidad que permitieran sostener la acusación. Las declaraciones de testigos tampoco pudieron corroborar ninguna de las acusaciones iniciales, lo que debilitó de manera decisiva la hipótesis de responsabilidad penal.

El tribunal, al revisar todos los elementos del caso, decidió archivar la causa y levantar de manera definitiva las medidas cautelares que pesaban sobre el profesional. En términos legales, esto significa que queda absuelto y sin ninguna responsabilidad penal, un desenlace que marca un giro dramático frente a la percepción pública de los últimos meses. La gerencia del centro, que desde el primer momento mantuvo su respeto por la presunción de inocencia y la confidencialidad de los expedientes, ha reafirmado que continuará garantizando los protocolos de protección de menores, aun cuando las acusaciones iniciales no se hayan probado.

Este giro judicial pone de manifiesto la fragilidad de los juicios mediáticos y la importancia de la presunción de inocencia: lo que comenzó como un escándalo capaz de arrasar la carrera y la vida del profesional termina con su absolución total. Tras meses de incertidumbre, rumores y alarma social, la justicia ha prevalecido sobre la especulación y el sensacionalismo, demostrando que no todo lo que parece delito puede sostenerse ante el tribunal.

Hoy, el educador recupera su libertad, su nombre y su posibilidad de reintegrarse al trabajo, mientras el centro de menores sigue centrado en garantizar la formación, protección y bienestar de los internos. La historia que parecía destinada a convertirse en un escándalo irreparable termina con un mensaje claro: la justicia exige pruebas sólidas, y cuando estas faltan, incluso las acusaciones más impactantes pueden caer en el vacío.