Corrupción en Baleares: piden la imputación del conseller de Podemos Yllanes por el ‘caso Varadero’

La sociedad denunciante del denomiando caso Varadero solicita la imputación del conseller de Podemos, y vicepresidente del Goverrn balear,  Juan Pedro Yllanes, acusado de un presunto delito de corrupción relacionado con las maniobras realizadas para favorecer a un determinado grupo de empresas afines al pacto de izquierdas que gobierna en las Islas. Inicialmente la entidad denunciante, el Grupo Fabkina, había solicitado la comparecencia de Yllanes, que es juez en excedencia, como testigo pero ahora ha decidido presentar querella para que el caso se traspase al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) dada la condicion de aforado del conseller de Podemos.

El Grupo Fabkina ya tiene presentada una querella por el caso Varadero contra el Govern que preside la socialista Francina Armengol por supuestos delitos de prevaricación y falsificación de documento público y aparte de Yllanes, también figura como querellado Antonio Morro, director general de Política Industrial. Esta dirección general pertenece a la Conselleria de Juan Pedro Yllanes.

Igualmente figura como querellada la jurista del Govern  Teresa Relea, que firmó el informe jurídico que posibilitó el archivo de los expedientes contra las empresas denunciadas por infracciones graves contra la seguridad industrial y la protección del medio ambiente.

Como testigo está Manuel Porras, que era el director general de Política Industrial en el anterior Govern del pacto de izquierdas y cuando el conseller responsable de Industria era el socialista Iago Negueruela.

Los querellantes han decidido actuar contra Yllanes con la intención de que el Tribunal Superior de Justicia tome cartas en el asunto en un momento donde el caso parece atascado en los juzgados de instrucción.

Como ha ido contando OKDIARIO, el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma instruye la querella contra el Govern por el caso Varadero presentada por el Grupo Fabkina por presuntos delitos de prevaricación y falsificación de documento público. La supuesta prevaricación se basa en el archivo sin justificar de los expedientes que el propio Govern había abierto a una serie de empresas del sector náutico que trabajan en el Puerto de Palma por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.

El supuesto delito de falsificación de documento público se refiere a la resolución firmada el 29 de julio de 2020 por la que se archivan los expedientes antes mencionados. En realidad este documento no se firmó el 29 de julio sino que fue creado y firmado el 10 de septiembre del mismo año, según certifica el informe de los peritos judiciales informáticos.

Lo que sucedió es que el 9 de septiembre de 2020 el juez inició la instrucción por la no tramitación de los expedientes sancionadores y solicitó a la Conselleria de Yllanes que le remitiera toda la documentación sobre el caso. Un día después el Govern saca a relucir la resolución por la que se indica que ya no hay expedientes para tramitar y que, por tanto, no hay nada que investigar.

El truco estuvo en crear el documento un día después de que el juez solicitara toda la documentación y que se firmara poniendo la fecha 29 de julio. Esta falsificación de documento público figura en la ampliación de la querella presentada por el Grupo Fabkina.

Al mismo tiempo que sucedía todo esto, el propio Govern estaba concediendo importantes subvenciones a las empresas expedientadas dentro de su programa para potenciar el sector náutico. Lo que no podía suceder en ningún caso es que el Govern apareciera como financiador de unas empresas que estaban expedientadas por graves infracciones a la normativa sobre seguridad industrial, entre otras.

Así las cosas, la decisión tomada por los consellers Juan Pedro Yllanes y Iago Negueruela fue hacer desaparecer los expedientes mediante un resolución por la que se resolvía que no había infracciones. Sin expedientes, ya no hay sanciones, que hubieran sido muy elevadas en aplicación de la normativa.

Si ya no hay expedientes ya no hay investigación judicial por la no tramitación de los expedientes y en consecuencia se archiva el caso. El problema surge cuando el denunciante, el Grupo Fabkina, recurre el archivo judicial y la Audiencia de Baleares ordena al Juzgado proseguir con la causa. Después llegó la ampliación de la querella, más tarde la petición de comparecencia del conseller de Podemos Yllanes ante el juez para ser interrogado y ahora la presentación de la querella.