El Ayuntamiento de Palma ordena el desalojo de los 200 okupas de la vieja cárcel que la izquierda permitió

El Ayuntamiento de Palma ha comenzado el proceso para desalojar a los cerca de 200 okupas de la antigua prisión de la ciudad cuya permanencia en este degradado edificio se remonta a la pasada legislatura cuando la pasividad del gobierno del ex alcalde socialista José Hila, permitió que se establecieran allí.

Lo ha anunciado el primer teniente de alcalde y regidor de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal, Javier Bonet, en una rueda de prensa ofrecida este martes.

La decisión, ha explicado Bonet, se ha adoptado después de que el pasado fin de semana se produjeran cuatro incendios en el interior del inmueble. En uno de ellos, los bomberos tuvieron que rescatar a varios moradores.

El proceso para la recuperación de la antigua prisión, que es propiedad del Ayuntamiento de Palma, arrancará a las 07:Ñ00 horas de este miércoles.

La Policía Local y los servicios sociales municipales, durante dos días, establecerán controles de acceso para identificar a los moradores de la antigua prisión y elaborar un nuevo censo actualizado. Los operativos, una vez finalizado el recuento, se mantendrán hasta que se ejecute el desalojo.

De acuerdo con los datos del último censo disponible, unas 200 personas ocupan de forma ilegal la antigua prisión de Palma, aunque es una cifra que varía dependiendo del día.

Entre ellos no se han identificado menores de edad y, según Bonet, algo más del 60% son personas que se encuentran en situación administrativa irregular.

A todos ellos, ha afirmado el regidor, se les ha ofrecido toda la cartera de los servicios sociales municipales para encontrar una solución habitacional. Sin embargo, ha lamentado, solo han sido aceptados por una joven extutelada de 18 años.

El siguiente paso para llevar a cabo el desalojo definitivo se tomará el próximo viernes, cuando se convocará una Junta de Gobierno extraordinaria para iniciar formalmente el proceso de recuperación posesoria del inmueble.

Una vez el equipo de gobierno adopte este acuerdo, se hará entrega a los moradores de la antigua cárcel de las correspondientes notificaciones de desalojo.

Estos dispondrán de un plazo de cinco días para presentar las alegaciones que consideren oportunas. Finalizado este periodo, se dictará el acuerdo final que obligará a las personas que ocupan el edificio a desalojarlo en un máximo de cuatro días.

En el caso de que no acaten la orden o se resistan, el caso pasará a manos de un juzgado. El primer teniente de alcalde ha afirmado que «seguramente» se de esta situación, por lo que los plazos para el desalojo se haga efectivo serán una incógnita.

Hacia una orden judicial

El mismo viernes el Ayuntamiento convocará una Junta Local de Seguridad, en la que estará presente la Policía Local, la Policía Nacional, la Delegación del Gobierno en Baleares y los servicios sociales municipales.

En la reunión se informará de la puesta en marcha del proceso de desalojo y se instará a la Delegación del Gobierno a actuar en el marco de sus competencias, que Bonet ha circunscrito a la atención de las personas que se encuentran en situación irregular, dado que estas no pueden acceder a los servicios sociales del Consistorio.

Mientras se lleva a cabo el desalojo, ha indicado el regidor, se buscará la colaboración del Obispado de Mallorca, de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), de la Delegación del Gobierno e incluso del Ejército para tratar de encontrar una alternativa habitacional temporal para estas personas.

Los últimos pasos a dar serán la limpieza del recinto y su posterior tapiado para evitar nuevas ocupaciones mientras se licita las tareas de demolición.

En el espacio que ahora ocupa la antigua prisión el Ayuntamiento tiene pensado llevar a cabo un proyecto residencial, mientras que el Consell de Mallorca construirá una rotonda.