Los arquitectos de Baleares ven «posible» un descenso del precio de la vivienda por el decreto de Prohens

El Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (COAIB) ve posible que si más sectores sociales acceden a las viviendas de precio limitado (VPL) previstas en el decreto de emergencia habitacional aprobado por el Govern de Marga Prohens, esta mayor demanda puede provocar un descenso de los precios en el resto del hoy inflacionista mercado inmobiliario de las Islas.

Hay que tener en cuenta que esas viviendas y pisos de precio limitado de 60 metros cuadrados se venderán, según el municipio, desde 102.000 euros, y hasta un máximo de aproximadamente, 241.000 euros.

Precios más asequibles que los que ofrece el mercado libre, en concreto, un 40% más baratas estas viviendas en el caso de compra y hasta un 47% las de alquiler. En este caso, los pisos de 60 y 80 metros cuadrados útiles, tendrán un precio de alquiler entre los 385 euros mensuales en los tramos más bajos, y hasta un máximo de 905 euros.

En este sentido la entidad colegial «da la bienvenida» a la oportunidad de que se creen nuevas tipologías que faciliten el acceso a la vivienda de más sectores de la sociedad. No obstante precisa que el hecho de que las VPL sean un 30% más rentables que las VPO, provocará a su juicio, un menor interés en la construcción de viviendas protegidas, por lo que solicitan al Ejecutivo que ponga en marcha más incentivos para construir VPO.

El Colegio «celebra» igualmente que la posibilidad de convertir locales comerciales en viviendas tenga carácter temporal, para evitar de este modo que desaparezcan estos inmuebles de los municipios y se incrementen sus precios dificultando así la actividad empresarial, así como el asociacionismo.

Para el Colegio de Arquitectos, la ciudad tiene que ser una mezcla de usos «compacta, polivalente, multifuncional y de proximidad», y en relación a las viviendas de precio limitado propone además fijar una capacidad mínima para evitar, por ejemplo, lofts de 90 metros cuadrados para una sola persona, que no responderían al objetivo de optimizar el suelo.

No obstante el colectivo cree que las «prisas» con las que se ha redactado el decreto de emergencia habitacional dificultarán su aplicación por lo que ha presentado una batería de alegaciones a la norma para su posible incorporación durante la tramitación parlamentaria como proyecto de ley.

Sobre las competencias municipales, los arquitectos creen que la posibilidad que se da a los Consistorios de aplicar o no aplicar el decreto, generará una manera de hacer planeamiento sin seguir ningún tipo de procedimiento urbanístico, lo que a su juicio supone retirar derechos urbanísticos a la población y sin participación ciudadana.

De este modo, el COAIB considera que se podría generar discrecionalidad por parte de los Ayuntamientos e incertidumbre por parte de las personas interesadas.

El Colegio de Arquitectos también ha expresado su «preocupación» por el hecho de que las normas temporales se apliquen plenamente desde el primer día y sin discriminación en los inmuebles considerados como patrimonio histórico.

«No parece apropiado no excluir directamente del ámbito de aplicación del decreto todo este patrimonio, cuyos valores pueden desaparecer y que son parte de nuestra historia, identidad, motor cultural y atractivo turístico», concluyen.