Armengol exige a Sánchez que desclasifique el 23-F y el GAL a instancias de sus socios independentistas

La presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, a instancias de sus socios independentistas de Més per Mallorca exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reforme «de manera urgente» la ley de secretos, para garantizar que se desclasifiquen, en particular, los archivos del Golpe de Estado del 23-F, el GAL, el abandono del Sáhara y la marcha verde.

La proposición no de ley fue aprobada en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament balear con los votos a favor del Ejecutivo de coalición de socialistas, secesionistas y Podemos, y contó con el rechazo de la oposición, de PP, Vox y Ciudadanos, no aceptando el partido ponente de la misma, tan siquiera, la enmienda del PSOE para instar al Gobierno de España a «avanzar para culminar lo más rápido posible en los trabajos para modificar la ley que regula los secretos oficiales».

Una legislación que el Gobierno de Sánchez, arrastrado también por sus socios independentistas vascos y catalanes, y en plena polémica del espionaje con ‘Pegasus’, ya se ha comprometido a ejecutar, aunque sin fecha de compromiso, a través de un proyecto de ley.

En el caso de la propuesta de Més, cuya resolución final fue transaccionada por los socios del Ejecutivo, se considera «vergonzoso conocer a través de países extranjeros y de sus servicios de inteligencia, hechos trascendentes que, hoy por hoy, todavía son secretos en el Estado español».

Para los socios independentistas de Armengol «es un deber democrático conocer mejor el terrorismo de estado del GAL, o el abandono del Sáhara Occidental», apunta la iniciativa defendida por el diputado, Joan Mas ‘Collet’. 

A su juicio cuatro décadas después, del 23-F «no existe ninguna justificación para no conocer con detalle cada documento, cada grabación, cada información significativa, que esté en poder del Estado y que aporte luz a los verdaderos eventos que rodean el Golpe de Estado del 23-F».

Para Més, la Ley de Secretos Oficiales de 5 de abril de 1968, reformada por la Ley de 7 de octubre de 1978, «es una legislación franquista generadora de opacidad, indefensión y, sobre todo, desmemoria, que de forma inexplicable no ha sido todavía adaptada a la realidad democrática actual».

Desde las filas del PP, el diputado Lluís Camps, defendió una reforma integral pero «madura, meditada y sosegada», algo que «no es lo que se propone en esta moción», recordando el apoyo de esta formación independentista al golpe contra la Constitución del Govern de la Generalitat catalana en 2017.

«De forma selectiva y maliciosa quieren meter el dedo en heridas y así les da juego para sobrevivir políticamente, porque nada más les importan esas tres cosas, de forma tendenciosa y doctrinaria: el 23-F, el GAL o el Sáhara».