Sánchez prepara una ley que desclasificará secretos oficiales de Franco pero no de Felipe González

Ya no se llamará Ley de Secretos Oficiales. Pero lo será. Será una Ley de Información Clasificada, pero pensada para desempolvar secretos de la época del dictador Franco. Aunque no de la primera etapa de Gobierno de Felipe González. Porque la barrera de los cincuenta años será la que determine la posibilidad de vetar la publicación de los considerados como secretos de Estado. Esas son las bases sobre las que trabaja el Ejecutivo, que quiere tener en el BOE esta norma antes de acabar el presente año.

El Consejo de Ministros ha dado su visto bueno al alumbramiento en 2022 de una de las leyes que más polvareda mediática puede generar bajo el mandato de Pedro Sánchez. Inicialmente, se suponía que el futuro texto normativo iba a adoptar el nombre de Ley de Secretos Oficiales. El objetivo oficial era pegar carpetazo a la norma franquista de igual nombre y procedente de 1968. El objetivo oficioso tenía más mordiente política: esa norma permitirá desclasificar como secretos de Estado documentos de la dictadura que abonarán el terreno de la utilización política del franquismo por parte del Gobierno de Sánchez.

El nombre ya figura en la agenda legislativa oficial del Gobierno. Será la Ley de Información Clasificada, una norma que acabará con el secreto de informaciones previas a los años 70. La normativa vigente en materia de información clasificada está regulada en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales y en el Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley 9/1968, de 5 de abril sobre Secretos Oficiales.

El Gobierno afirma que esta «regulación ha quedado desfasada, por lo que resulta imprescindible acometer una reforma estructural en la materia». Y, por ello, la «Ley de Información Clasificada tendrá por finalidad adecuar el ordenamiento jurídico a las necesidades actuales y adaptarlo, asimismo, a los estándares internacionales», señala el Gobierno en su explicación de la futura norma.

Los departamentos encargados de impulsar el texto son variados. El encargado en primer término de redactar el texto será Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (en manos del PSOE). Y los ministerios de apoyo serán el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (en manos también del PSOE), Justicia (de nuevo con ministra del PSOE, Interior (exactamente igual del PSOE) y Defensa (cartera, una vez más, del PSOE).

Es decir, que muchos departamentos intervendrán, pero un sólo partido lo guiará. Porque Podemos no entrará en la redacción, ni en la preparación.
Y es que el proyecto de esta norma pretende andar con mucho cuidado en un determinado punto: en que los secretos desempolvados lleguen hasta hace 50 años. Es decir, tomando como fecha de entrada en vigor 2023, los secretos desempolvados serían los generados hasta 1973. Y Franco murió en 1975. Dicho de otra manera: esa norma permitirá seguir con el monotema de la dictadura franquista, pero no entrar en la primera etapa de Gobierno socialista de Felipe González. Y el PSOE sabe que Podemos, Bildu y ERC tienen verdadero apetito de desempolvar secretos que puedan aludir a los GAL, por poner un ejemplo.

Por ello, la nueva Ley de Información Clasificada que prepara el Gobierno pretende fijar como escenario temporal máximo de desclasificación de los secretos oficiales, el de los 50 años. Medio siglo. ¿Y para el resto? Para el resto podrá argumentarse que se trata de materias que comprometen la seguridad nacional y que, por lo tanto, pueden ser bloqueadas en su publicación. Ese límite temporal de los 50 años será el que marque la frontera, por lo tanto, entre la obligación de desclasificar los documentos o no.

Hay que recordar que un país como Estados Unidos permite la desclasificación de expedientes altamente confidenciales tras alcanzar los 25 años. No los 50 que pretende marcar la norma española. De hecho, es llamativo que el propio PSOE defendió ese horizonte temporal de 25 años para la desclasificación cuando estaba en la oposición. Y es aún más llamativo que quien defendió incluso con enmiendas plazos más cortos fue el PNV, obviamente empeñado en ampliar el alumbramiento de documentos hasta la época de los GAL.

España cuenta en estos momentos con una legislación en materia de secretos oficiales que establece tan sólo dos categorías: secretas y reservadas. La nueva norma pretende establecer cuatro categorías y dejar el plazo de los 50 años para lo que sea considerado como alto secreto. Determinados documentos de importancia leve, de hecho, podrían aflorarse hasta en cinco años.