Bildu, PNV y ERC exigen desclasificar los secretos del GAL y el 23-F para aprobar los Presupuestos

Bildu, PNV y ERC han sellado una alianza estratégica en busca de la desclasificación de documentos y secretos oficiales relacionados principalmente con dos asuntos: el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y las actividades de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) contra el terrorismo de ETA. Buscan presionar a Sánchez para que, a cambio de su apoyo para sacar adelante sus Presupuestos Generales del Estado, la nueva Ley de Secretos Oficiales permita liberar esos documentos. Moncloa apuesta, de momento, por mantener su protección como secretos.

Los tres partidos formarán un frente común para multiplicar su capacidad de ejercer presión en las negociaciones por los Presupuestos, cuyo borrador llega este miércoles al Congreso de los Diputados. Esa Triple Entente independentista quedó sellada en una reunión celebrada hace semanas, tal y como explican a OKDIARIO fuentes políticas conocedoras del plan.

El objetivo de Bildu, PNV y ERC pasa por conseguir el compromiso de Pedro Sánchez de incluir en la nueva Ley de Secretos Oficiales una enmienda que permita la desclasificación de asuntos secretos o reservados cuando pase un determinado periodo de tiempo. La propuesta del PNV es que sean 25 años para secretos y 10 para materias con sello reservado. Es decir, la entrada en vigor de la ley en esos términos obligaría al Estado a revelar cualquier documento que obre en su poder relativo al 23-F o a los GAL, objetivos prioritarios de las tres formaciones en esta ofensiva.

La actual Ley de Secretos Oficiales es de 1968 (modificada ligeramente en 1978) no contempla ningún plazo temporal concreto para la desclasificación. La intención del Gobierno de Pedro Sánchez es reformarla de cara a 2022. Moncloa ya tiene sobre la mesa un borrador, que ha pasado previamente por manos de los ministerios de Defensa, Interior, Justicia y Exteriores.

Según la norma actual, se considera secreto oficial «los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado». Pero la clave de la discordia está en el mecanismo de desclasificación. Moncloa trata de evitar que la publicación de secretos sea automática tras el paso de un determinado tiempo y quiere guardarse la capacidad de elegir qué asuntos desclasificar. Y el 23-F y los GAL son dos patatas calientes que el Gobierno busca dejar fuera de la nueva ley. Especialmente la segunda, que podría afectar directamente al PSOE.

Cabreo con Sánchez

EH Bildu, PNV y ERC venían dándole vueltas al asunto desde hace tiempo, pero, según explican estas fuentes, el detonante de su ofensiva fue una respuesta parlamentaria ofrecida por el Gobierno a un parlamentario de Bildu.

El pasado 14 de septiembre, el Gobierno dio largas a una pregunta sobre las intenciones de Sánchez ante los secretos del 23-F y los GAL. «¿Cuál es el motivo para no querer desclasificar esos hechos? ¿Cuál es el motivo por el que hasta este momento, ante diferentes interpelaciones, el Ministerio ha sostenido que no existía información clasificada o reservada en torno a hechos relativos al terrorismo de Estado?», preguntaban los de Arnaldo Otegi.

Incidían además sobre el 23-F que «si el Gobierno defiende que sobre el 23-F se conoce todo, ¿cuál es el motivo de no querer desclasificar la información sobre ese hecho que ocurrió hace cuatro décadas?».

El Gobierno se limitó a remitirse a una declaración plenaria del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que pasaba de puntillas por el asunto de la Ley de Secretos Oficiales. Fue pocos días después de este desplante, explican a OKDIARIO las fuentes citadas, cuando las tres formaciones comenzaron a pergeñar su plan. O Secretos Oficiales o no habrá Presupuestos.

Sacar a los militares de la ecuación

Otro de los puntos polémicos de la Ley que prepara el PSOE es el papel que jugarán los militares en la futura gestión de secretos oficiales. Hasta el momento, la decisión de poner y quitar el sello de secreto o reservado sobre un dosier determinado corresponde tanto al Consejo de Ministros como al Estado Mayor de la Defensa.

En la propuesta de borrador, que ya tiene sobre la mesa Moncloa, se elimina esa capacidad a los militares, dejando la decisión última de calificar de secreto una materia concreta al Consejo de Ministros. De esa manera, la cúpula militar dependería del ministro de Defensa de turno para calificar sus secretos.