El alcalde del PP de Palma mantiene el catalán como requisito para ser electricista municipal o peón
Incumple el acuerdo del pleno que hace un año aprobó eliminarlo en las plazas que no lo requieran
En la nueva convocatoria municipal para la contratación de ayudantes de oficios se exige un B1
El Ayuntamiento de Palma no elimina el requisito de catalán en plazas que no lo requieran como aprobó el pleno en octubre de 2023 a iniciativa de Vox con los votos favorables del gobierno en minoría del PP.
No se entiende que más de un año después de aprobarse esta medida que lo mantenía como requisito sólo en los puestos de atención directa al ciudadano, en la nueva convocatoria pública municipal para la contratación de ayudantes de oficios, como fontaneros, electricistas, peones de albañilería o jardineros, el Ayuntamiento mantenga el catalán como requisito exigiéndoles a los aspirantes a ocupar estas plazas un nivel B1 de dominio hablado y escrito de esta lengua.
Porque las funciones que tendrán que desempeñar los que logren la media docena de plazas de empleados públicos en liza no son, en ningún caso, de trato directo con el público o de atención al ciudadano. Como recoge el acuerdo del área de Función Pública que aprueba esta convocatoria, estos nuevos empleados municipales se dedicarán a realizar tareas de mantenimiento ordinario que no exijan técnicas cualificadas en instalaciones eléctricas, fontanería, cantería, instalaciones especiales, jardinería, pintura o limpieza.
También a colaborar en el montaje y desmontaje de exposiciones, conducir vehículos municipales o cualquier otra tarea que le sea encomendada por su superior jerárquico.
Nada por tanto de funciones de atención al público, donde podría estar justificada la valoración de esta titulación de catalán, pero no en puestos donde lo único que cuenta es tener oficio para el desempeño de unas funciones básicas de mantenimiento.
Por ello llama la atención, que el Ayuntamiento en esta convocatoria para la contratación de ayudantes de oficios valore tener un nivel de catalán superior al exigido tanto como disponer del certificado de bachillerato, 0,50 puntos en ambos casos.
La proposición municipal aprobada en octubre de 2023 por el pleno también recogía que en los casos en los que se mantenga el catalán como requisito, se valorará si el grado de acreditación de dominio de la lengua se adecúa al puesto de trabajo y, si se diera el caso de que no fuese así, se modificaría.
Por ello el gobierno municipal del PP defendió que para dar su apoyo a esta iniciativa de Vox era conveniente hacer una revisión de las competencias y funciones de todos los puestos de trabajo de los empleados municipales y adecuar la exigencia en materia lingüística.
En concreto, la regidora de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, aseguró que «no hay ningún problema» en determinar cuál es exactamente el nivel de catalán que se tiene que exigir, como se haría en cualquier otra cuestión.
Todo ello en línea con la sentencia del Constitucional que sólo defendía la exigencia del catalán como requisito, cuando se trate de funciones públicas que tengan «una incidencia directa» en la atención al ciudadano, y por ello, sea necesario el conocimiento de ambas lenguas. Es el caso de los empleados públicos destinados a funciones de atención presencial y directa (ventanilla), pero no en el resto de plazas.
Pero llegado el caso y pese al citado acuerdo del pleno que contó con el voto a favor mayoritario de los 17 concejales de PP y Vox, el Ayuntamiento mantiene el catalán como requisito en sus convocatorias de empleo público, excepto a los conductores de la EMT y a los vigilantes de las zonas de estacionamiento de pago en superficie (ORA) donde la titulación del nivel de catalán es un mérito como cualquier otro certificado académico.
Hay hechos tan llamativos como lo sucedido este pasado verano en la convocatoria municipal para la selección de ingenieros industriales.
El Ayuntamiento de Palma no exigió a los aspirantes a la plaza como requisito experiencia profesional previa alguna en el desempeño de sus funciones, pero sí estar en posesión de una titulación B2 de catalán que supone un dominio notable hablado y escrito de esta lengua cooficial con el español en Baleares.