Empleados de un centro de menores en Zaragoza alertan: «La violencia de las bandas latinas es un polvorín»

El centro de internamiento de menores Juslibol (Zaragoza), conocido como la cárcel de menores en Aragón, está experimentando una ola de violencia inusitada. En sólo 15 días, se han producido cinco altercados, dos de los cuales han tenido que ser sofocados por la Policía Nacional, una situación que hacía años que no se producía. Empleados del centro alertan que la agresividad ha ido a más. Mientras, desde la Consejería de Bienestar y Familia del Gobierno de Aragón, expresan que «la prioridad es que el centro recupere la normalidad lo antes posible».

En este centro, se encuentran internos aproximadamente 60 jóvenes en edades comprendidas entre los 16 y 23 años, que depende de la Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIN). Además, anexo a este centro se encuentra unas instalaciones independientes también del Gobierno de Aragón, gestionadas por la fundación SAMU, donde fueron trasladados buena parte de los menores -de origen magrebí- del centro del horror de Ateca, quienes también han protagonizado varios altercados violentos donde han acabado heridos varios guardias de seguridad.

La insurrección de los menores en Juslibol

Los empleados de este centro de internamiento y reforma de Juslibol explican a OKDIARIO que lo que comenzó «como un plante», es decir, con la negativa de un interno a obedecer las órdenes de un educador, ha ido desencadenando en una insurrección a la que se han ido sumando otros internos en días seguidos. Según estos trabajadores, «la violencia que se está anquilosando en el centro proviene de las bandas latinas».

«En estos momentos, el centro de menores de Juslibol es un polvorín, y en cualquier momento puede estallar», explican. «Hemos vivido batallas campales estos días, con sillas volando, escobas, barricadas, motines… se han pasado unos límites que en nuestros años de trabajo aquí no habíamos visto», señalan. «El último motín se produjo hace cinco años, y sólo en estas semanas llevamos varios», comparan.

Educadores y guardias de seguridad

Los educadores como los guardias de seguridad reconocen que viven con miedo y en una situación psicológica al límite: «Entre nosotros, nos apoyamos, pero no podemos más con esta precariedad y falta de medios. Un día va a suceder una tragedia».

El testimonio de estas personas recuerda al que sufren los trabajadores de las cárceles en España, donde sólo hace unos meses un enfrentamiento entre una funcionaria de prisiones y un preso en la cárcel de Más d’Enric terminó con el asesinato de ésta a manos de un criminal reincidente.

Según expone la responsable de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y responsable de seguridad privada, Isabel Castro, los guardias de seguridad «estamos vestidos con uniforme, pero desprovistos de cualquier defensa». Castro explica que desde 2023, por recomendación del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, los guardias de seguridad dejaron de portar ni defensa de goma ni esposas, lo que desencadenó «en la situación de indefensión que sufrimos hoy».

CSIF pide apoyo a los políticos

Tras los escandalosos episodios de este mes en el centro de Juslibol, se han tomado varias iniciativas. Por un lado, Vox se puso en contacto con CSIF para tratar de impulsar alguna medida que paliara la precariedad. A raíz de esta reunión, CSIF se encuentra en un periodo de reunión con el resto de grupos parlamentarios (ya se ha reunido con PP, PSOE, Teruel Existe, Podemos y Chunta), a fin de lograr el apoyo mayoritario de las Cortes de Aragón para «lograr más protección».

«Necesitamos volver a cumplir con la ley de seguridad y estar dotados de nuestras defensas, incorporando además el chaleco y ampliar el personal», añade Castro. «En 2006, el menor tenía otro perfil. Ahora el interno responde a otros patrones y necesitamos abordarlo de otra manera», añade, incidiendo que necesitan recuperar «la protección jurídica» de agentes de la autoridad.

Menores y bandas latinas en Juslibol

Este punto es en el que más inciden los trabajadores del centro, que apuntan a la influencia de las bandas latinas dentro del centro. «Son conflictivos y no tienen nada que perder. Muchos de los internos padecen problemas psicológicos, además de sufrir adicciones a las drogas», explican.

«Reclamamos que haya un plan específico para delitos concretos como delitos sexuales o pertenencia a bandas, para poder desempeñar nuestro trabajo y que su estancia en este centro sirva para algo», denuncian. «Ahora a los educadores no se nos tiene en cuenta, pero nosotros somos quienes estamos más con ellos».

«Hay chavales que se suman a la pelea entre dos internos, cuando antes era impensable. Las batallas campales que se han generado no son normales. Muchas de ellas son por provocación de unos y otros», explican.

A este respecto, la experta en educación y detección en acoso escolar, Carmen Cabestany, presidenta de NACE (Asociación No al Acoso Escolar), advierte que «una forma de acoso escolar, minoritaria pero no por eso menos dañina, es la que se perpetra contra un compañero para conseguir integrarlo en una banda latina».

«Para lograr sus fines, el agresor practica la coacción, una presión muchas veces desmedida sobre su víctima y, por supuesto, la amenaza. Suele haber un crescendo hasta que aquel consigue su objetivo. A partir de aquí, el nuevo integrante se verá obligado a pasar pruebas, como robar, pegar, extorsionar… Y no le será fácil salir de la banda, que suele estar fuertemente jerarquizada», explica.

«Sería muy importante que la Policía, que es quien mejor conoce estos temas, diera charlas en colegios, institutos y centros de menores ubicados en aquellos barrios con más presencias de bandas latinas», expone Cabestany, quien esta semana se reunió con la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández.

Personal y menores en Juslibol

En Juslibol, los educadores demandan más plantilla y con más experiencia laboral en este ámbito de la reforma de menores: «Las bajas se cubren por personal que no tiene experiencia, y hay algunos turnos compuestos prácticamente por nuevos. La gente veterana aporta un conocimiento distinto para llevar la situación».

¿Por qué este desequilibrio en la plantilla? «Es un trabajo muy precario y no hay suficientes trabajadores sociales. El convenio en Aragón está por los suelos, comparado con Navarra, País Vasco, Valencia o Madrid. En los turnos estamos 13 personas, pero a efectos prácticos, si hay actividades, salidas programadas, podemos estar un trabajador y 8 internos. Así no se puede reinsertar a nadie».

Lo mismo explican desde los agentes de seguridad, quienes alertan de que el último motín del pasado 13 de diciembre, el turno estaba compuesto por sólo cinco mujeres y ningún hombre: «Uno de los internos se plantó, empezó a dar golpes y tuvieron que llamar a la Policía».

Respecto a las bajas, los educadores denuncian que sólo este mes se han atendido las bajas psicológicas: «Tras salir en prensa, la mutua casualmente ha atendido nuestras súplicas. Ahora hay en la plantilla cinco trabajadores de baja psicológica, pero llevan años sin entender la situación que sufrimos».