Trabajadores de la prisión de Puerto III denuncian presiones del Gobierno para acercar presos de ETA

Trabajadores de la prisión Puerto III, en el Puerto de Santa María (Cádiz), en la que por cierto se encuentra el etarra Iñaki Bilbao, han denunciado a OKDIARIO «presiones» desde el Gobierno de Pedro Sánchez a las distintas direcciones de prisiones para que se hagan informes favorables al acercamiento de presos de ETA.

Basta decir que las fuentes de los trabajadores consultadas por este periódico prefieren ni siquiera ser mencionadas por temor al socialista Ángel Luis Ortiz, Secretario General de Instituciones Penitenciarias, de quien dicen que hace una «caza de brujas» a todo aquel que denuncie ‘malas praxis’ en las prisiones españolas. «Desde que ha entrado el PSOE con Ángel Luis Ortiz hay caza de brujas, así que mejor no dar el nombre», señalan.

«El acercamiento de presos hacia el País Vasco está siendo constante, es un goteo constante», explican estos trabajadores de Puerto III, que denuncian también el gran enfado entre el resto de reos cuando esto sucede: «El resto de presos se enfadan mucho. Nadie lo entiende. Hay pocos presos vascos no etarras y, claro, hablan de privilegios. No se entiende».

Puerto III, donde la gran mayoría de presos no son andaluces, es un polvorín cada vez que uno de estos etarras condenados son acercados a sus familias por el mero hecho de pertenecer a una banda terrorista asesina. «En nuestro ánimo también es contradictorio ver esto y nos jode mucho», señala uno de los funcionarios de prisiones con los que ha hablado este periódico.

Presiones

Cada seis meses, la Junta de Tratamiento, compuesta por diez personas (director, subdirector de tratamiento, subdirector médico, técnico de instituciones penitenciarias, psicólogo, psiquiatra, director de la unidad docente o pedagogo, coordinador de servicios, educador y jefe de servicios), vota para ver si se mantiene o no el grado a cada uno de los presos, o si se les da algún tipo de concesión o ventaja penitenciaria.

En caso de un empate a la hora de tomar una decisión, el voto del director de la prisión tiene valor doble. Por ello, desde el Gobierno, según explican estos trabajadores, las presiones se dirigen a la Dirección de la Prisión. «A los etarras normalmente se les mantiene el grado, pero se les da ciertas ventajas como el traslado», señalan estas fuentes.

«Las presiones se hacen del Gobierno, desde la secretaría general, con insinuaciones, nunca órdenes directas, a las direcciones de las prisiones», continúan estas fuentes, que recuerdan, además, que esta votación no es definitiva, toda vez que luego esta decisión se manda a Madrid, donde es la Secretaría General, a través del Juez de Vigilancia, quien decide si se le concede o no esta ventaja o cambio de grado.