Una testigo del caso Surcolor ve una «inocente casualidad» que el PSOE de los ERE pagara a intrusos

Una «inocente casualidad». Así ha descrito una prejubilada de Surcolor que la Junta socialista de Andalucía desviara fondos públicos a dos intrusos vinculados al PSOE que jamás habían trabajado en la citada empresa. Lo ha hecho en la Audiencia de Sevilla, que este martes ha celebrado una nueva sesión del juicio por la pieza separada de la macrocausa de los ERE correspondiente a los 2,3 millones de euros en ayudas presuntamente irregulares que el Gobierno andaluz otorgó a Surcolor y Surcolor Óptica.

Los dos intrusos, recordemos, son José Antonio Márquez, concuñado de Antonio Rivas, quien fuera alcalde de Camas (Sevilla) por el PSOE y por entonces delegado provincial de Empleo en Sevilla, y Juan Manuel López Espadas, militante socialista y marido de una concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Camas. Recibieron de forma irregular 133.500 y 60.800 euros, respectivamente.

«No nos dimos cuenta. Se hizo inocentemente y dio esa casualidad», ha asegurado Manuela Hurtado Navarro, ex trabajadora de Surcolor e incluida en el ERE en cuestión, que ha comparecido como testigo durante la sesión. Es más, cuando supo que dos personas ajenas a la plantilla estaban cobrando las rentas acordadas en el ERE, pensó: «Madre mía».

La prejubilada en dicho despido colectivo ha testificado que el entonces delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, acusado en esta vista, avisó de que si los trabajadores denunciaban el impago de rentas en el que había incurrido la empresa «la Junta se retiraba» de la financiación.

La testigo ha recordado que supo que la Junta de Andalucía financiaba parte de la póliza de las rentas por los despidos tras recibir una carta de la aseguradora Apra Leven, con el aviso de que las mismas iban a ser reducidas porque Surcolor «había dejado de pagar» su parte de la póliza y las remuneraciones caerían aún más si la Junta tampoco respondía a sus compromisos de pago. Del mismo modo, ha recordado cómo fruto de dicha situación, remitió diferentes escritos a varias instancias de la Junta de Andalucía o el Defensor del Pueblo.

Según el Ministerio Público, a principios de 2006, los responsables de Surcolor y Surcolor Óptica contactaron con el letrado Carlos Leal -acusado en este juicio- «para iniciar la tramitación» de un ERE y con el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas -también acusado- «como persona que pudiera facilitar fondos públicos de la Junta para los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de las empresas».

Pero la indemnización por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción incluyó ‘misteriosamente’ a dos personas que «no habían formado nunca parte de la plantilla de ninguna de las empresas». Para el Ministerio público, los encausados «conocían que no se había seguido procedimiento alguno, tratándose de una ayuda directa a las empresas (…) sin que se formulara solicitud, sin una mínima tramitación administrativa, sin que se dictara resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna».

Simple «casualidad»

En este marco, esta prejubilada del ERE de Surcolor ha narrado que una vez recibió la carta de Apra Leven sobre la decisión de Surcolor de «desvincularse» de su parte de financiación de las rentas del ERE, acudió a la sede de la delegación provincial de la Consejería de Empleo y entregó «una copia» de la carta con el ruego de que fuese «entregada en mano» a Antonio Rivas, por aquel entonces delegado provincial del ramo. Y es que, según sus palabras, en la Junta sólo respondían a sus peticiones de información si se trataba de «una situación muy compleja».

Días después, según ha apuntado, fue convocada a una reunión en la que participaron, entre otros, Rivas; el entonces responsable de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO de Sevilla José Hurtado Quirós -acusado en este juicio-; otros miembros «del sindicato» y componentes de Surcolor.

La testigo ha concluido que si en la documentación del ERE los miembros de la plantilla de Surcolor incluyeron a 26 beneficiarios cuando sólo 24 empleados iban a ser despedidos fue una mera «casualidad».