Los intrusos en los ERE de Surcolor: un concuñado del delegado de Empleo y el marido de una edil del PSOE

La Audiencia de Sevilla celebra este lunes una nueva sesión del juicio por la pieza de la macrocausa de los ERE correspondiente a los 2,3 millones de euros en ayudas que la Junta socialista de Andalucía concedió a Surcolor y Surcolor Óptica. Entre los beneficiarios, dos personas que no formaban parte de la plantilla y que jamás trabajaron en estas empresas, pero que guardaban vínculos familiares con cargos socialistas, razón suficiente para desviar a sus bolsillos el dinero de los andaluces.

Los intrusos son José Antonio Márquez, concuñado de Antonio Rivas, quien fuera alcalde de Camas (Sevilla) por el PSOE y por entonces delegado provincial de Empleo en Sevilla, y Juan Manuel López Espadas, militante socialista y marido de una concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Camas. Recibieron de forma irregular 133.500 y 60.800 euros, respectivamente.

En esta nueva sesión, un agente de la Guardia Civil encargado de la investigación del caso ha indicado que el ex sindicalista de UGT y presunto conseguidor de fondos públicos Juan Lanzas fue quien «ofreció» a los empresarios quiénes serían «los actores» de la negociación y tramitación del procedimiento.

El investigador ha asegurado que las pesquisas reflejaron que Lanzas fue quien «ofreció a los empresarios una serie de contactos» de cara al ERE que iban a promover, esto es, que les propuso «quienes serían los actores» del procedimiento, como el estudio jurídico Villasís o la consultora Vitalia Vida.

Según este agente de la Benemérita, Lanzas incluso se habría «presentado» como alguien que «trabajaba para Vitalia» -dos ex directivos de esta entidad figuran como acusados en este juicio por su «papel fundamental» en la póliza de las rentas del ERE a cuenta de la Junta-. Es más, este investigador ha expuesto que Lanzas habría ofrecido a los empresarios «la facilidad de acceder al delegado de Empleo» Antonio Rivas.

El agente de la Guardia Civil ha comparecido como testigo después de que la pasada semana Lanzas hiciera lo propio en calidad de acusado. Sólo respondió a las preguntas del fiscal y de su abogado defensor, asegurando que él no participó en la negociación del ERE de Surcolor ni solicitó ni gestionó la consecución de fondos públicos para sufragar los despidos, sino que su función se remitió a asesorar a los empresarios.

Rivas, por su parte, alegó en su comparecencia como acusado que Lanzas no le trasladó aspecto alguno relacionado con la posibilidad de que el ERE fuese financiado con cargo al Gobierno autonómico, sino que fue el ex sindicalista quien habría manifestado en el encuentro que consultaría el asunto con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, dirigida entonces por el difunto Francisco Javier Guerrero -condenado en la sentencia principal sobre el procedimiento específico de financiación de los ERE y acusado además en esta causa, pero fallecido en 2020-.

Por contra, el investigador de la Guardia Civil ha recalcado que las pesquisas revelaron que Rivas habría tenido una «especial trascendencia» en «la forma en la que se materializó» la ayuda pública para el pago de los costes laborales del ERE. También ha señalado la «relación familiar» que pesa entre los citados intrusos.

En dicho marco, este agente ha manifestado que el acusado Jesús Bordallo, responsable en Sevilla de la consultora Vitalia Vida, conocía que las rentas de los intrusos iban a ser pagadas con fondos públicos de la Junta socialista de Andalucía pese a no formar parte de la plantilla de Surcolor, remarcando que en la propia documentación de la empresa las referencias a estas dos personas figuran con la mención ‘los especiales de Bordallo’.

Los ERE de Surcolor

Recordemos que, a principios de 2006, según el Ministerio Público, los responsables de Surcolor y Surcolor Óptica contactaron con el abogado Carlos Leal, acusado en este juicio, «para iniciar la tramitación» de un ERE, así como con el propio Lanzas «como persona que pudiera facilitar fondos públicos de la Junta para los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de las empresas».

Para conseguir los fondos públicos, según la Fiscalía, Lanzas contactó Rivas y con Guerrero, facilitando a este último datos de «los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción». Tras ello, la consultora Vitalia elaboró dos estudios de renta con una cuota total a pagar de 2,7 millones de euros, de los cuales la Junta de Manuel Chaves pagaría 2,3 millones.

A partir de ahí, Rivas, «con el conocimiento y consentimiento» de Guerrero, «instó» a los dos ex trabajadores de Vitalia procesados en este caso a introducir como beneficiarias a dos personas que «no habían formado nunca parte de la plantilla de ninguna de las empresas». Así, el 28 de junio de 2006, Guerrero, «con el conocimiento y consentimiento» del entonces consejero de Empleo Antonio Fernández y de su viceconsejero Agustín Barberá -ambos acusados también en el juicio-, suscribió una carta dirigida a Apra Leven en la que se comprometió a abonar 2,3 millones para las prejubilaciones de 26 ex trabajadores de Surcolor, dos más de los inicialmente previstos.

Para la Fiscalía, los encausados «conocían que no se había seguido procedimiento alguno, tratándose de una ayuda directa a las empresas para que éstas abonasen las indemnizaciones por despido de 24 trabajadores, además de los costes de las dos personas ajenas a la plantilla, sin que se formulara solicitud, sin la más mínima tramitación administrativa, sin que se dictara resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna».