El alcalde socialista de La Rinconada, denunciado por cuatro posibles delitos en una de sus barriadas

La Asociación de Vecinos y Propietarios de Tarazona ha dicho basta. Tras largos años de reclamaciones y promesas inútiles del alcalde de La Rinconada (Sevilla), Francisco Javier Fernández de los Ríos (PSOE), sus habitantes han denunciado al socialista ante los juzgados de instrucción de Sevilla.

Su flagrante «inacción», «omisión», «dejadez de funciones» y «desatención» de los problemas de la barriada, que alcanza «condiciones infrahumanas», podrían incurrir en hasta cuatro delitos: desobediencia por autoridad o funcionario público, denegación de auxilio, delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y prevaricación administrativa medioambiental. Este último conlleva penas de seis meses a tres años de prisión.

Tarazona, recordemos, carece de sistema de alcantarillado pese a que sus vecinos pagan anualmente 1.200 euros de IBI al Ayuntamiento de La Rinconada, que no revierte ni un solo euro en la zona. Por sus calles, aún sin asfaltar, transitan plagas de ratas y cucarachas atraídas por las aguas fecales. La recogida de basuras es lamentable y el reciclado, inexistente. Los cortes de luz por la deficitaria red eléctrica son constantes. Y pesar de que Tarazona se encuentra cerca de la capital hispalense y del aeropuerto, los autobuses no pasan por su barrio. Nadie se atreve a adentrarse en sus 14 kilómetros de calles sin pavimentar, que se vuelven intransitables con la lluvia.

La urbanización cuenta con 750 viviendas y es el tercer núcleo urbano de La Rinconada. Su censo ronda los 900 residentes, aunque en periodos vacacionales la población llega a duplicarse. Durante todos estos años, lo vecinos han sido testigo de muchas promesas, ninguna consumada. El procedimiento urbanizador puede llevarse a cabo por expropiación, por cooperación (urbaniza el Ayuntamiento pero pagan el coste los vecinos) o por compensación (urbanizan y se hacen cargo del coste los vecinos), que fue el sistema finalmente pactado y firmado en el convenio de 1999 entre el alcalde de entonces (el socialista Enrique Abad) y la comunidad de propietarios.

Desde entonces, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Sevilla impone al Ayuntamiento de La Rinconada la obligación de «ejecutar las obras de restauración del medio físico» de la urbanización, a raíz del acuerdo firmado entre el Consistorio y la junta de compensación constituida para el desarrollo urbanístico de este entorno.

En el convenio, se establecía que el plan debía llevarse a cabo «en el plazo de seis meses desde su aprobación definitiva» y el Ayuntamiento de La Rinconada se comprometía a ejecutar las obras de urbanización en caso de incumplimiento. Han pasado ya más de 20 años desde entonces. En el escrito presentado ante los juzgados, al que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, se recuerda que ya en 2018 se pidió en vano al Ayuntamiento de La Rinconada que “con carácter inmediato y con arreglo a norma ejecute el proceso urbanizador de Tarazona”. El Consistorio desestimó la solicitud.

Y no sólo eso. Tras el Informe del Defensor del Pueblo, el Gobierno local «no sólo no ejecuta cuanto se le ordena, sino que recurre la sentencia». «El deber de planeamiento y de ejecución urbanísticos conforman con arreglo a la legislación urbanística, una función pública irrenunciable. Y el Ayuntamiento parece que ha renunciado a su deber, con el perjuicio que provoca a los numerosos afectados», recoge la denuncia.

Peligro sanitario y exclusión social

«La situación de los vecinos y de la urbanización ha llegado al límite. La situación de insalubridad, de dejadez, de abandono, de ausencia de la mínima actuación municipal es insoportable», denuncian, pero «no son ni recibidos» por el alcalde socialista, a pesar de estar «inmersos en una situación de total exclusión social y peligro sanitario» y en un entorno «denigrante» que «atenta contra la dignidad de las personas».

«Es curioso además (…) que el Ayuntamiento pese a su inacción, sí que procede con total diligencia a cobrar todos y cada uno de los impuestos y tasas que corresponden a los vecinos. En eso no fallan. Esto ha provocado que la Asociación se decida a denunciar penalmente estos hechos, ante la situación extrema que padece», prosigue el escrito. Las calles «parecen vías rurales del siglo pasado» que propician el hábitat de «infrafauna» y los vecinos están «hartos» y «desesperados».

Según la Ley 7 /1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 26.1.a), todos los municipios deben contar con «alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas».

Además, los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes, deberán disponer también de “protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público». La Rinconada tiene 39.062 habitantes. Por ello, la denuncia señala que el alcalde «ha podido incurrir presuntamente en abandono manifiestamente ilegal de un servicio público». La Asociación de Vecinos y Propietarios de Tarazona pide así la comparecencia en el juzgado del socialista Francisco Javier Fernández de los Ríos como investigado.

Los vecinos denuncian a este periódico que el alcalde la «tiene tomada con nosotros y desde que los estamos denunciando, más cabezón se vuelve. Pero esto se demora en el tiempo y la situación se agrava cada vez más».