Policías acusan al Gobierno de arriesgar la salud pública y aumentar el efecto llamada con traslado de inmigrantes

Los policías exigen al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, a través de sendas misivas al ministerio de Interior y al de Seguridad Social y Migraciones, que informen sobre los traslados de inmigrantes que se vienen produciendo desde Canarias a distintos puntos de España, como Granada, Sevilla o Málaga. El SUP, en este sentido, acusa al Ejecutivo arriesgar la salud nacional y aumentar un efecto llamada.

Así, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha interpelado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre los últimos traslados de inmigrantes llegados ilegalmente a Canarias en patera y que están viajando a la Península en diferentes vuelos comerciales, provocando «no solo una abierta contradicción con la política mantenida en esta materia basada en la negativa a estimular este tipo de desplazamientos, sino un potencial daño en la lucha contra las organizaciones ilegales que trafican con los viajes en patera desde el norte de África hasta las costas del archipiélago canario debido a un posible efecto llamada».

En este sentido, el SUP se ha dirigido por carta a los titulares de ambos departamentos para reclamar información sobre estos vuelos -tanto el confirmado en las últimas horas a Granada como otros que la Junta de Andalucía ha situado en Sevilla y Málaga- y el número de migrantes que han embarcado en ellos desde Canarias así como los que puedan hacerlo en fechas próximas. Entre otros motivos, porque desconocemos el estado de salud que presentan y los policías que puedan intervenir con estos migrantes a su llegada a otras Comunidades Autónomas corren un riesgo potencial de contagio del Covid-19, sobre todo teniendo en cuenta que no existe certificación que acredite que esos desplazamientos cuentan con las debidas garantías sanitarias, una vez practicadas las preceptivas pruebas PCR o la cuarentena.

La preocupación del SUP, además, se centra en determinar qué tipo de pautas policiales serán de aplicación a este colectivo, teniendo en cuenta no sólo que no están documentados sino que las medidas de restricción de movimientos entre autonomías y/o provincias y el toque de queda impuesto por el estado de alarma son de aplicación a toda la ciudadanía. En este sentido, a la duda razonable sobre el estado de salud de los migrantes por la ausencia de certificaciones médicas o la imposibilidad de que los interesados las lleven consigo se suma la preocupación por la transmisión del virus que pudiera producirse al incumplir las limitaciones contempladas durante el estado de alarma.

También hemos reclamado conocer si alguna ONG ha organizado este tipo de desplazamientos, puesto que los riesgos ya señalados se incrementarían por la evidente ausencia de una mínima coordinación con las autoridades policiales. Además de las demandas informativas, el SUP ha reclamado al ministro José Luis Escrivá una reunión oficial urgente en la que poder trasladarle su preocupación, que es de carácter operativo policial y jurídico, y le ha instado a evitar las redes sociales como medio de comunicación, rechazando el nexo que ha pretendido establecer entre quienes cuestionamos estos viajes por su opacidad y ausencia de garantías sanitarias acreditables con la xenofobia.

El SUP también ha aprovechado para reclamar al ministro del Interior la aprobación de un protocolo único para todas las plantillas policiales en cuanto a la gestión de los migrantes que llegan a nuestras costas, que en el caso de Canarias, y con datos cerrados a 30 de noviembre, han alcanzado la cifra de 19.566. Este número supone un incremento del 881,7% respecto al mismo periodo del año pasado. El incremento en cuanto al número de embarcaciones que alcanzan las costas canarias es del 499,1%, con 641 pateras detectadas hasta hace una semana.