Kichi, contra las cuerdas: la Fiscalía ve evidencias de delito penal por ocultar información

Kichi
José Manuel González, Kichi, alcalde de Cádiz

Amenaza penal para Kichi. La denuncia que presentó el exconcejal del PP, José Blas Fernández, ha resurgido de sus cenizas en forma de acusación por parte de la Fiscalía, que cree que hay indicios de delito por parte de José María González, Kichi, por ocultar información a la oposición.

José Blas Fernández, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, señaló a la Fiscalía el año pasado que, desde la llegada de Kichi al consistorio gaditano no había respondido a ninguna de sus preguntas, que cifra en aproximadamente un centenar.

La Fiscalía ve evidencias de delito penal. «Se evidencian hechos de significación penal”, señalan. Por ello, solicitan al Juzgado que incoe diligencias previas antes de decidir si reabre o no un proceso judicial. En su día, este proceso fue archivado pero, tras la nueva acusación, Kichi se podría ver de nuevo contra las cuerdas de la Justicia.

Según explica el Diario de Cádiz, la Fiscalía ha requerido informes municipales para confirmar ante qué escenario se halla la denuncia. Para ello, señala el citado medio, ya ha requerido un informe del secretario municipal “acerca del procedimiento y tramitación que se sigue en las solicitudes de información recibidas por el alcalde”, remarcando que en las respuestas aportadas por el denunciante siempre se repite la misma “respuesta estándar”: “Le significo que se han dado las instrucciones oportunas a la delegación competente al objeto de reclamar dicha información”. Es así siempre la respuesta del alcalde.

Por otro lado, la Fiscalía requiere también al propio Ayuntamiento “con objeto de que remita copia de las actuaciones efectuadas tras las solicitudes de documentación e información que se adjuntan y para que se informe de la causa que motivó, en su caso, la falta de actuación”.

Una vez se reciban sendos informes, el Juzgado tendrá que tomar una decisión en la que Kichi podría incluso ser inhabilitado de cargos públicos desde uno hasta los cuatro años, según establece el Código Penal en su artículo 542, que es el que la Fiscalía ha utilizado.

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