Juzgan este jueves a otro ex alcalde socialista por gastar casi 50.000 € de fondos públicos en taxis

El socialista José Juan López Ródenas, ex alcalde de Castril (Granada), se enfrenta este jueves a un juicio por prevaricación y malversación de caudales públicos por el presunto uso indebido de 47.246 euros, procedentes de las arcas municipales, para desplazarse en taxi en su etapa de gestión. La vista oral ya fue suspendida el pasado 25 de marzo tras la aportación de nuevas pruebas que las partes necesitaban examinar en profundidad.

La Fiscalía ha solicitado para el exalcalde cuatro años y medio de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta, según consta en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press.

El periodo investigado abarca desde 2008 a 2011, cuando a juicio del fiscal el entones alcalde «abusando de su condición de autoridad», «consciente de la ilegalidad de su actuación» y del «perjuicio que causaba al interés general», supuestamente ordenó y autorizó el pago de numerosas facturas emitidas por un determinado taxista. Lo hizo, según el Ministerio Fiscal, con cargo a los desplazamientos realizados en el taxi puesto a su disposición en calidad de alcalde para el desarrollo de sus funciones.

Sin embargo, «la mayoría de los viajes realizados eran de carácter privado y no guardaban relación alguna con el ejercicio de las funcionas propias de su cargo». Las facturas emitidas en este periodo, ninguna superior a los 4.000 euros, ascendieron a 47.246 euros, cantidad que fue abonada por el Ayuntamiento de Castril «con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas».

Tras desgranar las numerosas facturas emitidas por estos desplazamientos a lo largo de tres años, el fiscal concluye que el exregidor «no ha justificado que los viajes se realizaran para llevar a cabo actividades relacionadas con su cargo» ni consta expediente alguno ni documentación que justifique estos viajes.

López Ródenas defiende por su parte que esos 47.246 euros no se corresponden con viajes privados suyos sino que es el montante al que asciende la partida designada por el Ayuntamiento para cuatro años en concepto de desplazamientos en taxi que incluyen, por ejemplo, los viajes de las asociaciones de mujeres del municipio a otras localidades, desplazamientos solicitados desde el área de Servicios Sociales o para que la banda municipal de música tocara en otros lugares. El exregidor garantiza que están justificados «del primero al último de estos viajes» y la mayoría no los ha hecho él.

La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Castril, solicita nueve años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.