A juicio un alto cargo de Correos por los votos sospechosos que lograron la mayoría del PSOE en Albaida
El tribunal de Sanlúcar la Mayor convoca a la directora de Operaciones de Correos para declarar el 2 de febrero
La Guardia Civil apunta a contratos municipales y firmas dudosas en más de cien expedientes del voto por correo

La juez que instruye el presunto fraude electoral en Albaida del Aljarafe (Sevilla) por una supuesta compra de votos del PSOE en las municipales de 2019 ha citado a una alto cargo de Correos para que dé explicaciones sobre la gestión de más de un centenar de votos por correo bajo sospecha, en una causa que mantiene investigado al alcalde socialista José Antonio Gelo.
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor (plaza número 3) ha llamado como testigo para el próximo 2 de febrero a la directora de Operaciones de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. La instructora adopta esta decisión al considerar que la actuación de dos empleados de la empresa pública resulta clave en el presunto amaño de los sufragios anticipados, un capítulo central de una investigación que incluye posibles delitos como suplantación de personalidad, falsedad documental, prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios o abusos en el ejercicio de su función.
La noche electoral de 2019 terminó con el PSOE reteniendo la mayoría absoluta por la mínima: seis concejales frente a cinco del PP, mientras que Adelante se quedó a seis votos de lograr representación y romper el bloque socialista. Desde el primer momento, Izquierda Unida, denunciante de los hechos hace un lustro, centró sus sospechas en el voto por correo, que en aquella convocatoria se quintuplicó: 286 solicitudes en un municipio con un censo de apenas 2.300 vecinos, lo que supone un 15%, frente a una media nacional del 3,6%.
En la causa consta un informe de la Guardia Civil que refleja que, de las 115 personas contratadas en 2019 por la administración municipal, 20 votaron por correo, y que muchas de ellas estaban censadas en el mismo domicilio, es decir, familias enteras. IU eleva las sospechas a documentación relativa a más de cien votos, con expedientes en los que aparece una X señalando el lugar de la firma, rectificaciones en fechas o solicitudes con escritura coincidente.
En paralelo, el procedimiento mantiene investigados al actual alcalde socialista, José Antonio Gelo, a su predecesora Soledad Cabezón -ex diputada en el Congreso y ex parlamentaria europea- y a otras seis personas vinculadas al socialismo local, incluidos miembros del actual gobierno municipal y trabajadores municipales o de Correos. Según la denuncia de IU, se habría articulado un sistema para «tentar con promesas laborales» a vecinos, gestionar solicitudes y traslados de documentación desde el Ayuntamiento a la oficina postal, e incluso exigir el voto a supuestos beneficiarios de contratos o programas municipales.
La investigación, calificada de tramitación lenta, ya ha recogido testimonios de vecinos, entre ellos un matrimonio que aseguró no haber votado pese a figurar sus votos en las urnas, y otros testigos que relataron ofrecimientos de empleo a cambio de firmar. La citación del alto cargo de Correos busca aclarar qué ocurrió con esos votos anticipados y si se cumplieron los controles previstos para verificar firmas y evitar manipulaciones.
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