El juez avala la actuación del SAS en pandemia y tumba el 70% de los contratos denunciados por el PSOE

El auto judicial que ha dado pie a una nueva investigación contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por fraude en la contratación durante la pandemia supone, según el Gobierno andaluz, un duro revés para la estrategia del PSOE. El magistrado descarta de entrada cualquier reproche penal en 410 de los 573 contratos denunciados por los socialistas –más del 70 % del total– y rechaza expresamente los delitos más graves planteados en la querella, como la malversación o la existencia de una organización criminal.

El juez instructor, José Luis Rodríguez Lainz, acuerda solicitar información adicional sobre el resto de expedientes, la mayoría vinculados a la compra de medicamentos, reactivos y material de laboratorio durante los años 2020 y 2021, en pleno contexto de pandemia y postpandemia. En su auto, subraya que la situación de desabastecimiento, la reducción drástica de proveedores y la urgencia sanitaria condicionaron de forma determinante los mecanismos de contratación.

De hecho, el magistrado advierte de que puede tratarse de un sector en el que «la competencia, simplemente, no existiera», bien por la especificidad de los productos farmacéuticos o porque los precios de mercado «prácticamente absorbieran el margen de beneficio comercial». En ese contexto, recalca que no aprecia indicio alguno de «comisiones», connivencias o «confabulaciones» para favorecer ilícitamente a contratistas concretos.

El auto es especialmente contundente al desmontar el núcleo de la denuncia socialista. El juez afirma que no hay «detracción de caudales», ni uso privado del patrimonio público, ni desvío de fondos para fines distintos a los del servicio público de salud. También rechaza de plano la petición de una investigación policial genérica y prospectiva, recordando que este tipo de pesquisas sin indicios previos son improcedentes.

En su análisis, el magistrado pone el foco en las «difíciles y agónicas circunstancias» de la pandemia, cuando las administraciones sanitarias se vieron obligadas a recurrir a mecanismos «elásticos» de contratación para garantizar el suministro y atender necesidades que afectaban directamente a la vida y la salud de las personas. En ese escenario, señala, cualquier eventual irregularidad formal queda desdibujada frente a la finalidad esencial de salvar vidas.

Desde la Junta de Andalucía trasladan a OKDIARIO «respeto y máxima confianza» en la Justicia y la tranquilidad de que las actuaciones del SAS se ajustaron a la legalidad. Fuentes del Gobierno andaluz subrayan que el propio auto evidencia que la denuncia del PSOE «se ha venido abajo» en su mayor parte y que el resto de contratos quedarán aclarados cuando se remita la información solicitada.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha ido más allá y ha enmarcado la querella socialista en una «estrategia política desesperada» ante la falta de proyecto y el deterioro electoral del PSOE en Andalucía. Sanz ha mostrado su plena confianza en la actual gerente del SAS y ex directora del hospital Reina Sofía de Córdoba, Valle García, y ha asegurado que «todo va a quedar aclarado».

El juez sí mantiene abiertas diligencias para analizar si el uso de contratos menores pudo prolongarse más allá de lo permitido legalmente en algunos casos concretos, aunque precisa que esa valoración dependerá de la información adicional que se incorpore a la causa. En cualquier caso, deja fuera por ahora los delitos más graves invocados por el PSOE y desmonta la pretensión de construir una causa general contra el sistema sanitario andaluz.