El Gobierno de Sánchez, experto en apropiarse de medidas ajenas: rebaja del IVA, subidas salariales…

El Gobierno de Pedro Sánchez ha revocado este miércoles las ayudas al transporte público para menores de 14 años en Andalucía, una medida que beneficiaba a más de 1,2 millones de jóvenes en la comunidad. Esta sorprendente decisión se ha tomado tras acusar a la Junta de «arrogarse» una competencia estatal y anunciar erróneamente, según el Ejecutivo, que la iniciativa sería cofinanciada entre ambas administraciones. Curiosamente, el Gobierno de Pedro Sánchez es todo un experto en sacar pecho de medidas o ayudas cuyo esfuerzo económico recaía también en las comunidades autónomas.

Y es que esta decisión del Gobierno central contrasta con otras ocasiones en las que el propio Ejecutivo ha presumido de medidas de corte económico o social, ocultando que parte de la financiación debía ser asumida por las comunidades autónomas. Uno de los ejemplos más notorios es la rebaja del IVA en los alimentos básicos. Aunque presentada como una medida estatal para aliviar el impacto de la inflación, Pedro Sánchez afirmó: «Tenemos que hacer ese esfuerzo enorme para las arcas públicas, pero necesario para nuestros hogares», sin mencionar que el IVA es un impuesto compartido con las comunidades, que vieron reducidos sus ingresos sin compensación.

Otro caso fue la subida salarial del 2% para los empleados públicos aprobada en enero de 2024. El ministro Óscar López presumió de que «desde 2018, el Gobierno de España ha incrementado el salario de los empleados públicos en un 14,9%», obviando que este gasto también recae en los presupuestos de las comunidades autónomas. Esto se debe a que una parte significativa de los empleados públicos trabaja en servicios cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas.

De hecho, un informe de KPMG de 2019 indicaba que las comunidades autónomas asumían aproximadamente el 61% del gasto total en remuneraciones de empleados públicos, dado que gestionan competencias clave como la sanidad y la educación. ​

Del mismo modo, el presidente Sánchez celebró la cotización a la Seguridad Social de los becarios desde el 1 de enero de 2024, anunciándolo en redes sociales: «Las prácticas no remuneradas ya cotizan. Saldamos una deuda de años con los becarios, por justicia social», aseguraba en redes. Sin embargo, lo que no dijo es que, a partir de 2025, las comunidades tienen que cubrir el 5% no bonificado por el Estado, con el consiguiente coste añadido.

Las prácticas no remuneradas ya cotizan.

Saldamos una deuda de años con los becarios, por justicia social.

2024 será el año de seguir ampliando derechos y de mejorar la vida de los jóvenes en España.https://t.co/PH2sIpVu9K

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 2, 2024

También en Formación Profesional, Sánchez presumía en 2023 de que se hacía «la mayor apuesta por la FP que ha hecho nunca ningún Gobierno», refiriéndose a programas financiados con fondos europeos. No obstante, cabe destacar -algo que, claro, no hizo el bueno de Pedro-, que cuando esos fondos se agotan y los programas se consolidan, es a las comunidades a quienes les corresponde continuar con la financiación.

Así, mientras en múltiples ocasiones el Ejecutivo ha sacado pecho de medidas compartidas sin reconocer el esfuerzo económico de las comunidades, ahora revoca una ayuda alegando que la Junta de Andalucía se atribuyó una cofinanciación estatal que, según el Gobierno, no existía.