Diez marroquíes regularizadas ilegalmente en Andalucía tras simular casos de violencia de género

La Policía Nacional ha detenido en varias localidades costeras de Granada y Almería a cuatro mujeres y tres hombres, todos ellos de nacionalidad marroquí, acusados de simular episodios de violencia de género a fin de conseguir permisos de residencia para inmigrantes ilegales. A los arrestados se les imputa la autoría de los delitos de acusación y denuncia falsa, simulación de delito, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.

La organización se encargaba de buscar tanto a posibles benefactoras como a potenciales agresores entre la comunidad marroquí en situación irregular. La operación ha permitido detectar al menos diez falsas víctimas de violencia de género que fueron regularizadas ilegalmente. Para obtener los papeles pagaban entre 4.000 y 6.000 euros a la organización, mientras que los falsos agresores cobraban entre 500 y 1.000 euros.

La investigación se inició tras recibirse una denuncia en los Juzgados de Motril de un varón marroquí al que habían prometido -y no pagado- 3.000 euros por protagonizar una falsa agresión física en público a una mujer también marroquí, lo que dio origen a un procedimiento penal por violencia de género en el que él había resultado condenado con su conformidad después de haber simulado ambos en un juicio rápido la existencia de una relación afectiva inexistente.

De forma paralela, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Motril comenzó la investigación de una serie de casos de violencia de género entre ciudadanos marroquíes que compartían una serie de patrones comunes.

Las pesquisas confirmaron la existencia de una organización criminal integrada por extranjeros de origen marroquí, asentada en los términos municipales de Gualchos (Granada) y El Ejido (Almería), que compatibilizaban su actividad como jornaleros agrícolas con la captación de mujeres marroquíes que estuvieran dispuestas a obtener ilegalmente residencia en España como falsas víctimas de violencia de género, para lo cual debían afrontar el pago de entre 4.000 y 6.000 euros a la organización.

Dispuestos a ser condenados

La red criminal se encargaba también de captar a hombres marroquíes dispuestos a asumir, previo cobro de entre 500 y 1.000 euros, una condena judicial como autores de violencia de género contra su supuesta pareja, debiendo protagonizar una agresión física en un local público.

Durante la investigación se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en las localidades de Gualchos y El Ejido en los que se intervinieron dinero en efectivo producto de la actividad ilícita de los miembros de la organización criminal y documentación (denuncias policiales y autos y sentencias judiciales sobre procedimientos por delitos de violencia de género), así como numerosos resguardos de envíos de dinero a Marruecos que demostrarían pagos a la organización y distracción de los beneficios económicos obtenidos.

Como consecuencia de este trabajo ha aflorado la regularización ilegal de al menos diez mujeres marroquíes que habían denunciado ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Granada y Almería haber sido víctimas de violencia de género, además de otras tantas condenas a hombres de la misma nacionalidad, como falsos novios o parejas, por violencia de género. Las sentencias dictadas en conformidad han otorgado ilegalmente derecho de residencia a favor de ellas. No obstante, dichas residencias serán extinguidas a instancias de la UCRIF1 de Granada.

La operación ha sido llevada a cabo por las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Granada y Almería junto con la Brigada Local de Policía Judicial de Motril. Hasta el momento han detenido a cuatro mujeres y tres varones de nacionalidad marroquí como presuntos autores de los delitos de acusación y denuncia falsa, simulación de delito, favorecimiento de la inmigración ilegal e integración en organización criminal. Tres de los principales investigados han sido puestos a disposición del Juzgado de Motril que entiende de estos hechos, y que ya ha adoptado contra ellos la prohibición de salida del territorio nacional.