Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19,5 para Koldo sólo por el ‘caso de las mascarillas’
Imputa 5 delitos a Ábalos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada

La Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de prisión para el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por los cinco delitos que le atribuye en la trama de mascarillas del caso Koldo: pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. También pide que se le imponga una multa de 3,7 millones de euros.
Para el asesor ministerial de Ábalos, Koldo García, reclama 19 años y medio de cárcel por los mismos delitos, así como una multa de 3,9 millones de euros, mientras que para el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, pide cuatro años por organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada, aplicando en los delitos la atenuante de confesión, y una multa de 3,8 millones de euros.
Asimismo, solicita que Ábalos y Koldo indemnicen conjunta y solidariamente a Ineco con 34.477 euros y a Tragsatec con 9.500. Y que se acuerde el decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho, «por importe de, al menos, 430.298,4 euros».
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado este miércoles en el Tribunal Supremo su escrito de acusación del caso de las irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente considera que los tres acusados «se concertaron, muy poco después» de que Ábalos tomara posesión como ministro para, «aprovechando esa circunstancia y la natural influencia que proyectaba, beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia».
Puente propuso juzgar a Ábalos después de que el pasado mes de septiembre decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar la pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.
Beneficios económicos para los tres
Anticorrupción relata en su escrito que los tres acusados, con ánimo de enriquecimiento, convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno y también en el PSOE, éste podría favorecer, «a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas».
Con este fin, «cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz».
Así, Ábalos, a quien tanto Koldo como Aldama consideraban el jefe, aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio y su directa influencia cuando era precisa, «aprovechándose en lo demás de los oficios de su hombre de confianza, Koldo García».
Por su parte, Víctor de Aldama fue la persona que, aprovechando su influencia sobre Koldo y Ábalos, «garantizada mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero, consiguió para sí o para terceros y con beneficio económico propio, la adjudicación de determinados contratos».
En la organización así conformada, Víctor de Aldama «era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a José Luis Ábalos y a Koldo García».
Luzón señala que los integrantes de esta organización «acordaron la futura comisión de delitos, inicialmente indefinidos en sus concretas particularidades, conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando». Además, indica que los tres miembros de la organización «eran apoyados de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios del Ministerio, como por distintas personas del entorno empresarial de Víctor de Aldama y por familiares de Koldo García».
Además, la organización nació «con innegable vocación de permanencia en el tiempo, como lo evidencia el hecho de que estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que sólo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida de José Luis Ábalos y Koldo García del Ministerio».