Mónica García ‘intervendrá’ a las farmacéuticas: las obligará a desvelar sus costes de producción

La Ministra de Sanidad, Mónica García, ha abierto un nuevo frente en el debate sobre la intervención del Estado en las empresas privadas. En una reciente declaración, García afirmó que «avanzar en el conocimiento de los costos de producción de un medicamento es una forma de avanzar hacia precios más justos y un mayor conocimiento de los costos de la innovación». Este comentario se ha interpretado como una señal de que su ministerio pretende implementar una política de control sobre las farmacéuticas, que incluye un mayor acceso a sus datos financieros y de producción, algo realmente único.

En su intervención, García también mencionó el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias como un instrumento que permitirá al Gobierno español dar un paso adelante en esta dirección. Sin embargo, este tipo de medidas ha levantado sospechas entre sectores empresariales y analistas políticos que consideran que este tipo de intervenciones estatales podrían estar acercándose peligrosamente a un modelo de control estatal más propio de regímenes como el de Venezuela o de economías centralizadas de corte comunista.

¿Control o transparencia?

El debate sobre la intervención del Estado en el sector privado no es nuevo en gobiernos socialistas, y en el caso de la industria farmacéutica, siempre ha sido un tema candente. Por un lado, las farmacéuticas son vistas como guardianes de la innovación médica, que requieren una inversión considerable para el desarrollo de nuevos medicamentos. Por otro lado, el alto costo de los medicamentos ha generado una creciente presión sobre los gobiernos para que regule los precios y aseguren el acceso universal a los tratamientos.

En este contexto, Mónica García argumenta que conocer los costos de producción de un medicamento es fundamental para avanzar hacia «precios más justos». Pero los críticos de esta postura señalan que obligar a las empresas a revelar detalles de sus costos de producción puede ser un acto de intervención excesiva, argumentando que cada empresa tiene derecho a mantener en secreto su estructura de costos y estrategias comerciales. En sus críticas, se ha llegado a comparar esta propuesta con las políticas de países como Venezuela, donde el gobierno ha ejercido un fuerte control sobre las empresas privadas en nombre del interés público, con resultados que, según los detractores, han sido negativos tanto para la economía como para los ciudadanos, como se está observando cada día.

¿Medida comunista de Mónica García?

Algunos sectores de la derecha política y otros representantes de la industria han calificado la propuesta de la ministra como una forma de comunismo encubierto, en referencia a la naturaleza intervencionista del gobierno en las actividades privadas. Estos críticos advierten que, si bien el objetivo declarado es garantizar precios justos, el efecto a largo plazo podría ser la disuasión de la inversión privada, especialmente en áreas como la innovación farmacéutica, donde los márgenes de riesgo son altos y los beneficios no siempre garantizados.

El temor es que si el Estado se involucra en determinar cuánto debe costar producir un medicamento, también podría empezar a regular otros aspectos de la industria, como la distribución de las ganancias o la dirección de la investigación. Para los críticos, este tipo de control podría ahogar la libre competencia, que es uno de los pilares fundamentales de las economías de mercado.

Por otra parte, las comparaciones con Venezuela, donde el gobierno ha intervenido en diversas industrias bajo el pretexto de proteger al pueblo y regular los precios, no han pasado desapercibidas. En ese país, las políticas de intervención han llevado a la escasez de productos ya la salida de numerosas empresas privadas, lo que, según los críticos, demuestra los peligros de una intervención estatal excesiva.

La propuesta de Mónica García para avanzar en el conocimiento de los costos de producción de medicamentos ha desatado un acalorado debate sobre los límites de la intervención estatal en las empresas privadas. Mientras algunos la ven como una medida necesaria para garantizar precios justos y una mayor transparencia, otros temen que sea un paso hacia un control excesivo que podría asfixiar la innovación y las libertades económicas.