En el espacio de Levántate OK, Javier Cárdenas destaca que Carles Puigdemont ha pedido por escrito a la Generalitat protección de los Mossos. Pero Pere Aragonés, tal como ya avanzó OKDIARIO, se negó a concedérsela. Los Mossos d’Esquadra no tienen competencias para actuar fuera del territorio español y para poder prestar un servicio de escoltas en Bélgica requieren de la autorización del Ministerio del Interior que, hasta ahora, siempre la ha rechazado.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, ha asegurado en una entrevista en RAC1 que el Ministerio del Interior «tramitará y seguro que resolverá lo que proceda» sobre la petición de escolta por parte de Carles Puigdemont.
Tras años negando la protección, al argumentar que no había riesgo para su integridad física y que estaba fugado de la Justicia fuera de España, Bolaños asegura ahora que «nadie cuestiona la seguridad de las personas y por muchas diferencias ideológicas que pueda haber». La cuestión llegó a provocar la investigación a varios agentes de los Mossos y la condena a un ex consejero y un sargento. Ya el jefe de la oficina del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, investigado en la causa de Tsunami, pidió por carta al conseller del Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, la «asignación inmediata y con carácter de urgencia» de los efectivos de escolta de los Mossos d’Esquadra al ex president.
El asunto de la escolta de Puigdemont siempre ha sido una cuestión polémica desde su marcha a Bruselas para no tener que responder ante los tribunales españoles tras la declaración de independencia. El ex conseller de Interior de Quim Torra, Miquel Buch, decidió contratar como asesor a Lluís Miquel Escolà, el sargento que acompañó a Puigdemont en su huida, para que dedicase su jornada laboral a sueldo del Govern a proteger al ex president. Buch, que también se beneficiará de la amnistía, fue condenado a cuatro años y medio de prisión y 20 de inhabilitación por cometer un delito de prevaricación y otro de malversación. Escolà, por su parte, fue condenado a cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación.
