No fue un error, sino un acto intencionado

Cuando el Ministerio del Interior, en agosto de 2018, firmó un contrato para la adquisición de 700 insignias de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo se justificó dicha contratación en el hecho de que sus beneficiarios venían reclamando insistentemente su entrega e imposición por parte de los representantes públicos. El propio Departamento del ministro Fernando Grande-Marlaska expresó su intención de dar respuesta a esta petición de las víctimas de ETA, porque «de otro modo, el reconocimiento honorífico tanto del Estado, como de la sociedad española en general, que implica la concesión de la insignia en favor de quienes han sufrido las consecuencias de los atentados terroristas quedaría seriamente dañado». Obsérvese que Interior habla de la necesidad de que la medalla sea entregada e impuesta, por lo que la decisión de Marlaska de hacerla llegar a sus destinatarios vía correo postal, sin acto oficial alguno, «daña seriamente» el reconocimiento honorífico del Estado y de la sociedad española.

O sea, el Gobierno toma la decisión de que la medalla no sea impuesta -se limita a entregarla por mensajero- pese a que el propio Gobierno considera que ello daña el reconocimiento a las víctimas. Conclusión: el Ejecutivo ofende de manera consciente a las Víctimas del Terrorismo por pura cobardía moral. No nos engañemos: no estamos ante un error, sino ante un acto premeditado que sólo se entiende por la dependencia del Gobierno de los proetarras de Bildu. En nuestro editorial de ayer insistíamos en que lo ocurrido revela de manera notoria la indignidad de un Ejecutivo que es capaz de ofender a las víctimas de ETA antes de ofender a los herederos políticos de una banda de asesinos. Lo ocurrido no es una cuestión menor, porque lo que ha quedado claro es que el Ejecutivo socialcomunista, de forma deliberada, ha dañado el reconocimiento honorífico a las víctimas de ETA al privarlas del acto de imposición público de las medallas.