Sigue sin tregua la campaña de desprestigio contra la Corona

Se equivocaban quienes pensaron que la salida del Rey Juan Carlos de España iba a amainar la tormenta política y mediática en torno a la presencia del anterior Jefe del Estado en la sede de la primera institución del país. Los partidos políticos radicales, especialmente Podemos, los independentistas y otras fuerzas de carácter extremista no han desperdiciado ni un segundo para lanzarse de nuevo contra el anterior monarca, calificando la retirada pactada de Don Juan Carlos de huida, fuga, y escapada para eludir la acción de la justicia. Toda clase de acusaciones se han vertido en ese sentido, a pesar del comunicado del abogado defensor del anterior Rey manifestando que Don Juan Carlos sigue a disposición de la justicia y no eludirá su presencia si se le requiere por parte de los jueces y fiscales.

Los opositores a la institución de la monarquía no piensan soltar la que ellos creen su presa y atacan sin piedad al padre del actual monarca, al que atribuyen todo tipo de fechorías e ilegalidades que no constan en la causa abierta en Suiza contra la señora Larsen, el comisario Villarejo, los testaferros Fasana y Canónica y Juan Villalonga, insigne representante de lo que se conoce como cultura del pelotazo. Los declarados partidarios de la república dan crédito a las filtraciones de los anteriores personajes que decidieron ya hace años que la mejor defensa frente a unas acusaciones es un buen ataque. Ellos vienen vertiendo las más extravagantes acusaciones contra Don Juan Carlos en las que intentan dejar a una de las personas claves de la ejemplar transición política española como un ser codicioso y avaro, que disfrutaba contando el dinero que le llegaba en maletines a semejanza de un personaje detestable de uno de los cómics creados por la factoría Disney.

Por ahora, y de forma clara y nítida primero ante los ministros de su Gobierno y después en una carta dirigida a los militantes de su partido, el PSOE, el presidente Pedro Sánchez ha hecho una defensa irreductible del “pacto constitucional”, ese compromiso que se estableció en el año 1978 entre los representantes de los partidos, el PCE incluido, para respetar el sistema monárquico como forma de Estado. Se acordó así, aunque algunos de los que lo firmaron lo incumplan desde hace años, como señal de respeto y reconocimiento al papel clave de Don Juan Carlos en la democratización de España. Así pues, hay que dar un voto de confianza al actual presidente del Gobierno por su lealtad a ese pacto ya que mientras ese compromiso se mantenga, los que defendemos la legalidad vigente podemos estar tranquilos.

También, sin embargo, habrá que permanecer vigilantes porque los que quieren destruir el sistema no se van a contentar con hacer salir de España al anterior monarca. Ahora mismo, ya andan pidiendo que el actual Rey, Felipe VI, también debe irse porque le acusan de estar implicado en los presuntos actos ilegales de su padre. Lo único que les faltaría para derribar el sistema actual sería la Constitución, cuya derogación está en el punto de mira de los que hace apenas siete meses prometieron guardarla y hacerla guardar, con la mano puesta en un ejemplar de la Carta Magna en el Palacio de la Zarzuela y ante el Rey de España.