Si se quiebra la igualdad, se rompe España

Cuando se habla de la ruptura de España muchos ciudadanos visibilizan el mapa y eso hace que unos reaccionen considerando la premisa como una exageración y otros lo hagan de forma meramente emocional, nacionalista que no patriótica en el sentido constitucional del término.

La España democrática, la que importa, se rompe si se rompe la cohesión entre ciudadanos, el principio de igualdad, la ciudadanía. La España que importa se rompe si por la acción de los  responsables  políticos –y/o por la inacción de quienes somos sujetos de derechos- dejamos de ser ciudadanos iguales en derechos y deberes, ciudadanos activos, ciudadanos españoles con plenos derechos al margen de la parte de España de la que seamos vecinos.

Esta semana hemos conocido el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el PNV (ojo, el PNV, no el Gobierno Vasco) para transferir a esa Comunidad Autónoma los fondos de la Seguridad Social correspondientes a las pensiones que cobran los vascos. Esa concesión impropia (si, impropia porque el Gobierno de Sánchez ha concedido al PNV lo que no le pertenece, lo que es de todos los españoles) quiebra el principio de igualdad y rompe la Caja Única de la Seguridad Social a pesar de que diversos dirigentes socialistas se hayan apresurado a negarlo. Bueno, ya se sabe que la mentira es la seña de identidad de Sánchez y los suyos…

Además, al hacer la cesión de la manera que hace todo este Gobierno, con oscurantismo y sin participación ni debate público, ha dinamitado el pacto de Toledo, foro de consenso político y social en el ámbito de la Seguridad Social que se constituyó en el Congreso de los Diputados precisamente para evitar que las veleidades de un gobernante sin escrúpulos pudieran dar al traste con un sistema de protección social público modélico. Pero  Sánchez rompe todo lo que toca.

Traspasar las competencias de gestión sobre el régimen económico de la Seguridad Social al Gobierno Vasco contraviene los principios básicos inherentes a todo sistema de Seguridad Social que tiene como objeto principal garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y que está basado en criterio de unidad de Caja, equidad y solidaridad. Como distintos informes jurídicos- y sentencias constitucionales- han advertido a lo largo de los años, tal cesión resulta contraria a la Constitución. De ahí que durante cuarenta años esa transferencia, siempre requerida por el PNV a todos los gobiernos democráticos que ha habido en España, haya sido denegada. Hasta que llegó Sánchez, claro.

La cesión que Sánchez acaba de hacer al PNV para seguir viviendo en la Moncloa supone, de facto, dejar sin efecto la competencia exclusiva sobre la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social que el Estado tiene atribuida en el artículo 149.1.17 de nuestra Constitución. Existen hasta nueve sentencias del TC que avalan que esa función exclusiva de la Administración del Estado es fundamental para garantizar la unidad del sistema y no solo la unidad de su regulación jurídica sino para “impedir diversas políticas territoriales de Seguridad Social en cada una de las Comunidades Autónomas”. Por mucho que los diferentes portavoces de Sánchez aseguren que la transferencia se hará “respetando la Caja Única” si la transferencia se culmina la Caja se romperá. Y con ello se quebrará la igualdad entre españoles. Y si, habrá pensionistas de primera y de segunda, dándose la paradoja de que los asalariados que menos cobran garantizarán con sus aportaciones las pensiones más altas de toda España. Porque si se transfieren una parte de los fondos (la parte necesaria para pagar las pensiones a los vascos) esos fondos estarán blindados y saldrán de la Caja Común sea cual sea la situación de precariedad o bonanza de la misma. Dicho de otra manera: para los pensionistas vascos siempre habrá dinero.

Como decía, si antes no se ha producido esta transferencia es porque los diferentes ejecutivos españoles han tenido claro que había algunos límites, algunas líneas rojas que no se podían cruzar. Y esta ha sido siempre considerada una de las materias más sensibles precisamente para garantizar la igualdad entre todos los españoles. Si en las últimas décadas se ha culminado el traspaso a las Comunidades Autónomas de todos los servicios salvo aquellos que afectan al régimen económico de la Seguridad Social es porque el TC ha delimitado lo que denominan “el núcleo o reducto indisponible”, o sea, los fondos, lo que conlleva que la Administración de la Seguridad Social se reserve la “disponibilidad directa de los fondos” que son intransferibles en cuanto a “las facultades de gestión o ejecución de los fondos de la Seguridad Social destinados a sus servicios y prestaciones”, so pena de vaciar de contenido el referido principio, como muy bien señala en un clarificador comunicado  la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social.

Especial relevancia tiene recordar, como hace la mencionada Asociación, las sentencias 124/19890 y 195/1996 que declaran que el Estado no retiene únicamente potestades normativas sino también competencias ejecutivas precisamente para garantizar la “unidad del sistema y su funcionamiento económico uniforme”. El pronunciamiento del TC no puede ser más claro y pone en evidencia la nueva irresponsabilidad de Sánchez al ceder al PNV lo que es de todos los españoles: “El designio perseguido por el acantonamiento del ´régimen económico´ dentro de la competencia exclusiva del Estado no ha sido otro, con toda claridad, que el de preservar la unidad del sistema español de Seguridad Social y el mantenimiento de un ´régimen público´, es decir, único y unitario de Seguridad Social para todos los ciudadanos (artículo 41 de la Constitución), que garantice al tiempo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social”.

Así pues está claro que no solo el reconocimiento sino también la gestión de prestaciones de la Seguridad Social ha de quedar sometida a criterios de gestión únicos y unitarios en todo el territorio nacional, adoptados bajo los criterios de sostenibilidad, solidaridad financiera y caja única. Insisto: asegurar la transferencia de los fondos necesarios para pagar las pensiones de los vascos, sea cual se la circunstancia, supondría la quiebra la Caja Única y del principio de igualdad y solidaridad entre todos los españoles. Téngase en cuenta que el País Vasco es deficitario en más de 4000 millones de Euros en materia de pensiones; garantizar que los fondos llegarán, pase lo que les pase al resto de pensionistas, es un atropello a la igualdad y a la justicia que solo Sánchez podría protagonizar.

Al margen de la opción política de cada cual, de lo que pensemos o votemos, este es un asunto que nos compete a todos y que requiere una respuesta firme y unitaria. Hay que organizarse para evitar este nuevo ataque a nuestros derechos como ciudadanos. Si Sánchez y su Gobierno no tienen líneas rojas, habrá que ponérselas entre todos.