Sánchez quiere ser el juez instructor

Pedro Sánchez es en sí mismo una amenaza para la libertad. Pedro Sánchez y verdad son términos antitéticos, lo mismo que Pedro Sánchez y democracia, Pedro Sánchez y libertad de expresión, Pedro Sánchez y separación de poderes o Pedro Sánchez e independencia judicial. Pedro Sánchez y Estado de Derecho son como el agua y el aceite: fenómenos incompatibles. Hay una amenaza que pulula en el horizonte como quien no quiere la cosa y a la que periodistas y políticos de la oposición apenas prestamos atención: el intento de robar la instrucción de los casos a los jueces para regalársela a los fiscales. Tan poca atención le concedemos que seguramente muchos de ustedes, queridos lectores, no tengan pajolera idea de qué les hablo. Seguramente les suene a swahili. Tal vez no hayan escuchado hablar de esta movida jamás.

Cuando el Mariano Rajoy de la mayoría absoluta se vio acorralado por la corrupción que destaparon entre otros un servidor —sobresueldos, financiación en B del PP, «Luis sé fuerte, hacemos lo que podemos», Granados, Ignacio González o Kitchen—, se sacó un conejo de la chistera: «Hay que limitar los tiempos de instrucción de las causas penales». El objetivo encubierto de esta aparente buena idea era arrebatar a los magistrados la dirección de las investigaciones penales para ponerla en manos del ministerio público.

Afortunadamente, no tuvo tiempo de consumar semejante salvajada, ideada en el epicentro de un caso Gürtel en el que en honor a la verdad él personalmente tenía poco, por no decir nada, que ver. Eso sí, logró sacar adelante en 2015 el acortamiento de los tiempos de instrucción, que quedó reducido a seis meses para las causas ordinarias y 18 para las complejas. El PSOE, por boca de Manuel de la Rocha, purito núcleo duro de Pedro Sánchez, se opuso a la reforma del PP porque «favorece la impunidad [sic]».

Pedro Sánchez quiere ahora trastocar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los fiscales asuman la instrucción de las investigaciones

Pues bien, ese retoque legal que hace nueve años parecía a los socialistas lo más totalitario del mundo-mundial, que lo era y lo es, les pone cachondísimos ahora. Una de las grandes promesas electorales de ese mentiroso patológico que es Pedro Sánchez pasaba por jubilar los plazos máximos de instrucción aprobados por Mariano Rajoy. «Es una limitación en la lucha contra la corrupción», argumentaron en la campaña electoral de las generales de 2019. Para variar, han incumplido su palabra. No sólo no han suprimido los límites temporales —simplemente, los han aumentado de medio año a uno— sino que ahora quieren trastocar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los fiscales asuman la instrucción de las investigaciones que llevan en manos de los jueces desde tiempos inmemoriales.

Sánchez sabe mejor que nadie de qué va la jugada. Fue precisamente nuestro autócrata presidente el que, chulescamente, lanzó en directo a un periodista de Radio Nacional la pregunta del millón de euros. De entrevistado pasó a entrevistador sin solución de continuidad:

—¿De quién depende la Fiscalía, de quién depende?—, inquirió a su interlocutor como si estuviera poseído.

El matonismo presidencial era tan bestia que el reportero de la radio pública se debió hacer popó en los pantalones. El caso es que respondió en milésimas de segundo al autócrata:

—Del Gobierno, del Gobierno—.

Desconozco qué fue de este compañero aunque interpreto que accedió a la humillación pública para evitar acabar en un pasillo como es habitual cada vez que vuelven al poder los socialistas. Allí han mandado proverbialmente a los informadores que no se pliegan a su vomitivo sectarismo.

Si esta fascistada del Gobierno sale adelante nuestra democracia se precipitará sin posibilidad de retorno por la pendiente de la autocracia

El marido de Begoña Gómez tiene tan claro que al fiscal general lo designa él en virtud del artículo 124.4 de la Constitución («…será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial») como que en el ministerio público rige el principio de dependencia jerárquica. Vamos, que la Fiscalía es como un ejército en el que el poder se ejerce de manera piramidal y en el que sólo se puede contrariar una orden de arriba si es con un escrito razonado.

Y como quiera que el que nombra, manda, no hace falta que les descubra dónde acabarán las pesquisas por corrupción o abuso de poder cuando afecten al inquilino de Moncloa o a su partido: en la papelera o durmiendo el sueño de los justos hasta que prescriban. Y resulta perogrullesco colegir que las investigaciones de las mangancias de la oposición adquirirán velocidades supersónicas. Nada que envidiar a la Venezuela de ese pedazo de terrorista y ladrón que es Nicolás Maduro, a la Nicaragua del megaasesino Daniel Ortega o a ese México en el que mandan a pachas el narco y López Obrador. Por no hablar de los peligrosos paralelismos que habrá con la Turquía de Erdogan o la Rusia del envenenador Putin.

Y, para más inri, se quebrará ese garantismo, hipergarantismo en el Derecho Procesal español, que permite que un error o prevaricación de un instructor sea subsanado por una instancia superior. Siempre hay una Sala por encima con varios magistrados para un roto o un descosido. ¿Quién controlará a los fiscales instructores? ¿El fiscal general, es decir, el presidente del Gobierno que es su baranda? Sólo la mera posibilidad de que se lleve a efecto asusta, imagínense el infinito poder que acumularía Pedro Sánchez si esta fascistada sale adelante. O la paramos o nuestra democracia se precipitará sin posibilidad de retorno por la pendiente de la autocracia, parada previa a una dictadura de facto revestida de apariencias democráticas. En Rusia y en Venezuela también se celebran elecciones pero son dos tiranías nivel dios.

Nos quieren colar esta golfería en silencio, sin que nos demos cuenta, por la vía de los hechos consumados, así que debemos ponernos las pilas

Por no hablar de la falta de medios y tiempo de los fiscales para acometer una instrucción en condiciones. Cuentan con bastantes menos recursos que un juez, una cantidad de personal notablemente inferior y están a años luz en presupuesto. Además, los representantes del ministerio público tienen ya de por sí una enorme carga de trabajo porque son demasiados pocos en relación con los procesos que deben atender. Todas las comparaciones son odiosas pero ésta es escandalosa: en España hay 5.400 jueces por 2.700 fiscales. Sencillamente, de locos.

Federico Jiménez Losantos, de los pocos que están dando esta necesaria batalla, recuerda cada dos por tres la amenaza que se adivina en lontananza y que los malos que nos gobiernan pusieron negro sobre blanco sin cortarse un pelo el pasado 5 de febrero. Todos los demócratas y todos los bien nacidos tenemos la obligación de pararles los pies. Desde los propios fiscales, que saben mejor que nadie que su función no es precisamente ésa, hasta los jueces, pasando por la ciudadanía en general. La Judicatura debe exigir a Sánchez que aparte sus sucias manos de un poder del Estado que no es el suyo, bueno, en realidad ninguno lo es porque está o debería estar de paso. Nos quieren colar esta golfería en silencio, sin que nos demos cuenta, por la vía de los hechos consumados. Más vale que nos pongamos las pilas porque en democracia la pérdida de libertades no suele tener vuelta atrás: ¿Alguien ha olvidado esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 que politizó inconstitucionalmente y hasta la náusea el CGPJ y que 39 años después continúa vivita y coleando facilitando «el obsceno espectáculo de ver a políticos nombrar a los jueces que pueden juzgar a esos políticos [Gallardón dixit]»? Lo de meter a los fiscales a hacer de jueces no es ninguna broma. Es chavismo puro. Nos va la democracia en ello. ¿O acaso queremos que ese caso Koldo que es el caso Armengol, el caso Marlaska, el caso Ábalos y el caso Torres lo instruya Pedro Sánchez por fiscal interpuesto? ¿O que el de Tito Berni quede en papel mojado?