El rumbo de colisión con el Estado

En enero de 2013 comenzó formalmente el desdichado Procés, cuando Artur Mas compareció en el Parlament y, haciendo gala de sus dotes marineras, proclamó que «ponía rumbo de colisión con el Estado». Había tomado posesión como Presidente de la Generalitat con el apoyo del PP, tras dos mandatos del tripartito con Maragall y Montilla al frente, en plena crisis económica y social, que en España se proyectaba con particular intensidad. La crisis había estallado con el PSOE en el Gobierno de España y el PSC en la Generalitat; es decir, que el PP no había tenido una particular responsabilidad en la gestión de esa crisis y, sin embargo, recién tomada posesión del Gobierno, Mas comenzó la campaña del «Espanya ens roba», como agitprop para exigir un pacto fiscal -de hecho un concierto económico-, legalmente inasumible y económicamente imposible con España sometida a una clara amenaza de rescate por la UE. De materializarse, como comprobaron los griegos, por ejemplo, hubiera acarreado una grave conflictividad y una pérdida real de soberanía y el sometimiento a unas condiciones de recortes extremos en políticas sociales que afectaban al núcleo de nuestro estado de bienestar.

Toda aquella legislatura estuvo marcada por una parte, por la necesidad de evitar ese rescate, y por otra, por el chantaje del Procés. Al decir que se ponía «rumbo de colisión», quedaba claro que no se dejaba margen para ningún diálogo ni negociación, y que se confiaba en la victoria ante la fragilidad de un Estado que se estimaba muy debilitado por la situación, sin margen de maniobra y al que, desde luego, se ha demostrado con el tiempo que minusvaloraron en exceso. El pulso al Estado se mantuvo inalterable y consiguió un primer resultado en la «consulta participativa del 9-N de 2014 sobre el futuro de Cataluña», año mítico -1714/2014- para una nacionalismo alejado totalmente del respeto a la realidad y la legalidad.

Todo este recorrido por nuestra Historia viene a cuento por el bucle melancólico en el que se encuentra Cataluña desde entonces, irradiando al resto de España una toxicidad política que condiciona y preside toda la política nacional, y porque conviene saber de dónde venimos para no volver a tropezar en la misma piedra, como está haciendo Sánchez subordinando la soberanía nacional a su permanencia en La Moncloa. La «collevanza» orteguiana exige en todo caso respecto mutuo al orden constitucional, no disponible ni por el Gobierno de la nación ni por la Generalitat. Por supuesto, menos si cabe por ninguna mesa bilateral, trilateral o poliédrica para resolver un «conflicto político», consistente en que unos políticos quieren quedarse con Cataluña al margen de la ley, al considerar tienen unos derechos de propiedad sobre la misma de origen desconocido fuera de su particular «rauxa».

Este es el proyecto de Sánchez, si es que procede hablar de «proyecto» con un presidente sometido a la estrategia de Redondo (no Nicolás), que consiste en la conquista y mantenimiento del poder al precio que sea y para quien sea, bien un candidato del PP -Albiol, Monago o Basagoiti- o Sánchez, Iglesias, Junqueras o Puigdemont. Con esa táctica sin más convicción que el poder, para los dos años que restan hasta 2023, el objetivo es doble: aprobar los presupuestos de 2022, para los que los diputados de ERC son imprescindibles; y consolidar el bloque político de la moción de censura de 2018 a fin de afirmar un tripartito en Madrid y otro en Barcelona, que sobre el papel haría muy difícil un Gobierno  alternativo.  Pero Sánchez y su Iván (Redondo) deberían tener en cuenta que el papel quizás lo aguante todo, pero los españoles no. Los dos años próximos van a ser de polarización extrema entre dos bloques políticos y sociales: los de la moción de 2018 y la nueva mayoría que se está gestando en la  calle y que afloró en Madrid.

De la misma forma que Artur Mas se encuentra deprimido en su situación actual -porque el Tribunal de Cuentas le pone al Gobierno «piedras en el camino» y quiere embargarle sus propiedades-, Sánchez debería andar con cuidado tan pronto como las urnas emitan su inapelable veredicto sobre lo que está haciendo con España.