A río revuelto, ganancia de delincuentes

En el colmo del absurdo, los antecedentes policiales, acompañados —si procede— del pertinente informe desaconsejando la regularización de un inmigrante concreto, no llevarán implícita de manera automática la denegación de la misma, sino que será la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, dependiente del Ministerio de Inclusión, quien tenga la última palabra. O sea, que por mucho que la Policía entienda que un inmigrante irregular puede representar una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud públicas, será la Dirección General de Gestión Migratoria quien dicte la resolución final. Es un sinsentido verdaderamente notable que convierte a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en convidados de piedra. Y luego está el pequeño problema de que recaerá en un número reducido de funcionarios completar en un plazo máximo de tres meses un proceso especialmente complejo, pues una vez dispongan del informe policial habrán de pedir otro informe al Registro Central de Penados y consultar la base de datos de la UE.

Parece evidente que, dada la premura en resolver cada expediente, y dado que la admisión a trámite juega a favor del demandante de la regularización, los riesgos de que entre centenares de miles de inmigrantes se cuelen potenciales delincuentes son altos. Todo es surrealista y tiene visos de convertirse en una bomba de relojería social. Estamos ante un gigantesco disparate, un coladero descomunal que pone en peligro la seguridad pública. Porque es evidente que la tramitación caótica de la regularización masiva decretada por el Gobierno, saltándose al Congreso de los Diputados, llevará aparejada, por falta de medios y recursos, la imposibilidad de aplicar mecanismos de filtro y de control. A río revuelto, ganancia de delincuentes. O sea, Sánchez orilla a la Policía y abre las puertas a centenares de miles de personas en un proceso de regularización que es un auténtico disparate. Esto acaba de empezar y tiene toda la pinta de acabar mal.