¿Qué quedará después del no referéndum?

El Gobierno de Rajoy sigue sin enterarse de nada. Las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, producen estupor e hilaridad. Llegan más de 5 años tarde: “La ley del referéndum es profundamente antidemocrática”. Es como descubrir a tu marido en la cama con otra y consentirlo durante años porque seguro que no es sexo, sino buen rollo. Tras él, quien se corona es la segunda de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, quien avisa de que “el Gobierno está preparado para actuar en 24 horas a partir de la DUI o la consumación del referéndum de independencia”. Sus palabras son el reconocimiento explícito de su negligencia. De propio fracaso. ¿Recuerdan aquel empeño en establecer despacho en Barcelona para visibilizar a los independentistas que Moncloa también gobernaba en Cataluña? ¿Le hacía falta aquella “Green Zone” amansaindepes a Soraya para enterarse de que España ya ha había sido extraditada por los independentistas una década antes de que ella se instalara?

El ministro de Justicia y la vicepresidenta de España hablan con el temor de quienes no saben qué hacer con casi la mitad de una sociedad sublevada ante la idea de seguir perteneciendo a España. Esa es la victoria lógica de ERC, los exconvergentes y las CUP tras habérsela comprado tan barata y tantas veces a los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE que, con tal de obtener apoyos para sus gobiernos en minoría, no sólo han devastado Cataluña sino también demasiadas comunidades autónomas. El Gobierno independentista amalgamó entre 2011 y 2014 un conglomerado de una interminable red de embajadas en Londres, EEUU, Buenos Aires, París, Varsovia, Zagreb, Copenhague, Ginebra, Lisboa, Roma y Mexico DF. Delegaciones e institutos de la Generalidad en casi todas las CCAA y el extranjero. La factura pasada a las arcas públicas ya ascendía entonces a más de 33 millones de euros. El entramado internacional de Mas consumió el 36 % del presupuesto de la política exterior de las comunidades —50,6 millones—.

Para la vergüenza de ambas partes, Puigdemont es la criatura del Gobierno nacional. Un presidente elegido por la CUP para imponer la agenda rupturista del partido antisistema que logró el pírrico apoyo del 8% del voto catalán. Tal es la debilidad de Moncloa que ha consentido que un presidente que jamás ganó unas elecciones, y una banda de exokupas cuyo único oficio fuera de la actividad parlamentaria ha sido pedir la excarcelación de Otegi, declare ilegitima al resto de la nación. El desafío soberanista es peccata minuta en comparación al solar político y social al que la sociedad se enfrenta: todos los bienes públicos de Cataluña expropiados por la Generalidad catalana, amnistía a todos los investigados del Proceso, Fiscalía y presidente del Tribunal Supremo catalán elegido por el independentismo, nuevo concurso para los jueces, fiscales y letrados al que, presumiblemente, sólo concurrirán aquellos posicionados con la Generalidad, catalanes eligiendo pasaporte y otros a los que se arrebatará el pasaporte de haber sido acusados por delitos de traición contra la independencia, el catalán como única lengua de Cataluña.

Décadas de propaganda de odio vomitada en los medios de comunicación públicos catalanes mantenidos por todos los españoles. Funcionarios amenazados por el máximo representante del Estado español de incumplir mandato independentista. Estructuras paralelas al Estado funcionando a pleno rendimiento. Lambán en Aragón imponiendo el catalán como lengua oficial en Aragón. Chimo Puig en Valencia denominando a la capital del Turia como ciudad catalana desde la página de la Generalidad Valenciana. La única izquierda de la Europa veterana seducida por secesionismo. Tan avergonzada de esa evidencia que se ve obligada a disfrazar su apoyo de eufemismos. Desde el “hay que salir al encuentro de los catalanes” de un Vara reconvertido al pedrismo al “España es un Estado plurinacional y el problema independentista requiere soluciones políticas”.