¿Por qué no se construye? La pregunta incómoda

Hay una palabra que, curiosamente, ha desaparecido del debate sobre la vivienda, y esa palabra es construir.

Escuchamos hablar de derechos, de justicia, de dignidad, de especulación, de fondos, de propietarios o de alquileres abusivos. De todo, menos de levantar más casas. Y no es casualidad. Porque en cuanto se formula la pregunta elemental —¿por qué no hay suficientes viviendas donde la gente quiere vivir?—, el discurso político se queda sin respuestas.

La realidad es mucho menos sofisticada que sus excusas: cuando hay más personas buscando vivienda que viviendas disponibles, los precios suben. No es capitalismo salvaje. No es avaricia. No es una conspiración. Se trata de escasez. Y la escasez no se soluciona con propaganda gubernamental, sino produciendo.

España lleva años haciendo exactamente lo contrario. Ha construido un laberinto urbanístico en el que transformar suelo, obtener una licencia y levantar una vivienda supone una verdadera carrera de obstáculos administrativos. La propia CNMC ha advertido de que la complejidad y lentitud del desarrollo urbanístico elevan los costes y limitan la oferta. Pero cuando el resultado de tanta regulación es que faltan viviendas, paradójicamente se mira al propietario.

El Estado dificulta construir y después culpa al que ya tiene una casa de que estas sean caras. Primero crea la escasez. Después demoniza el precio que produce esa escasez. Y finalmente se presenta como el salvador. Es una vieja operación política a la que ya nos tiene acostumbrados la izquierda: fabricar el problema, buscar un culpable y ofrecerse después como solución.

La propiedad privada resulta especialmente útil para esta farsa. Porque el propietario tiene una desventaja evidente frente al político: no tiene un gabinete de prensa. Puede ser una multinacional, un pequeño ahorrador, una familia, un jubilado, alguien que compró una vivienda hace treinta años o alguien que heredó un piso de sus padres. Da igual. En el relato oficial, todos pueden convertirse en “especuladores”.

Pero hagamos una pregunta sencilla. Si todos esos propietarios desaparecieran mañana, ¿quién pondría las viviendas en alquiler? Porque una vivienda no aparece mágicamente cuando un ministro pronuncia la palabra “derecho”. Alguien tiene que comprarla. Alguien tiene que construirla. Alguien tiene que pagar el suelo. Alguien tiene que financiarla. Alguien tiene que asumir los impuestos. Alguien tiene que repararla. Alguien tiene que arriesgar su dinero. Y, finalmente, alguien tiene que decidir que merece la pena ponerla en alquiler. Ese alguien es el propietario. Por eso la propiedad privada no es el enemigo de la vivienda. Es una de sus condiciones de existencia.

Hay una idea profundamente equivocada según la cual el propietario disfruta de un privilegio que el Estado puede recortar cada vez que aparezca una necesidad social. No. La propiedad no es una concesión graciosa del poder. Es el resultado de haber adquirido legítimamente un bien y de asumir con él sus riesgos, sus costes y sus responsabilidades. Y cuando el Estado convierte esa propiedad en algo permanentemente condicionado a sus decisiones políticas, lo que ocurre es que la gente deja de invertir.

No es necesario que nadie prohíba construir. Basta con conseguir que construir deje de compensar. No hace falta prohibir el alquiler. Basta con conseguir que alquilar sea demasiado arriesgado. No hace falta confiscar una vivienda. Basta con hacer que su propietario sienta que, en cualquier momento, puede perder el control económico sobre ella. El capital entiende perfectamente ese mensaje. Y se marcha.

La inseguridad jurídica no sale en televisión. No tiene pancartas ni organiza manifestaciones. Pero tiene consecuencias: menos inversión, menos viviendas, menos oferta, más precios. Es la paradoja de nuestra época: se pretende proteger al inquilino haciendo que cada vez menos propietarios quieran alquilarle. Y después se sorprenden de que encontrar una vivienda sea una competición.

La Ley de Vivienda de 2023 profundizó en buena parte de esta filosofía. Los análisis posteriores han encontrado precisamente un problema que cualquier persona mínimamente familiarizada con la economía podía anticipar: allí donde se ha restringido la oferta, aumenta la competencia entre quienes buscan las viviendas que quedan disponibles. Se trata de pura aritmética.
Es hora de plantearse, con la seriedad que requiere la situación actual, la pregunta que nos haga reflexionar: ¿queremos una sociedad en la que cada vez más personas compitan por un número limitado de viviendas o una sociedad en la que se construyan muchas más?

Hay que liberar suelo, acelerar el planeamiento, reducir trámites y simplificar licencias. Facilitar la rehabilitación. Dar seguridad jurídica. Hacer posible que construir sea una actividad económicamente viable. Nadie invierte su dinero cuando sabe que lo va a perder. No es una teoría revolucionaria. Es volver a respetar la realidad.

Porque una cosa debería quedar clara. No se puede defender el derecho a la vivienda destruyendo el derecho de propiedad. No se puede exigir más alquileres mientras se castiga a quien alquila. No se puede pedir más inversión mientras se aumenta la incertidumbre. No se puede reclamar más vivienda mientras se dificulta construir. Y no se puede combatir la escasez atacando a quienes producen aquello que escasea.

Hay algo mucho más sencillo que todos los grandes discursos sobre la vivienda. Si faltan casas, construyan casas. Si falta suelo, faciliten suelo. Si sobran trámites, elimínenlos. Si las licencias tardan años, acelérenlas. Si existe demanda, permitan responder a ella. Y si una familia necesita ayuda, ayúdenla. Pero dejen de fingir que un decreto puede sustituir a una vivienda. Porque no puede.

La realidad no vota. No milita. No se manifiesta. No tiene ideología. No puede esconderse. Simplemente termina imponiéndose. Y la realidad dice algo extraordinariamente incómodo para quienes llevan años intentando regular la escasez: Las viviendas se construyen.