La prueba de la ocupación podemita de las instituciones

La prueba de que el socialcomunismo está lanzado a una estrategia progresiva de ocupación de las instituciones, incluida la justicia, se demuestra con datos: Garbiñe Biurrun, que ocupa de forma interina la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, negoció con Podemos ser candidata a la presidencia del  Gobierno vasco. Biurrun, que no oculta su ideología -más bien todo lo contrario-  considera que «el Estado debería tener un interés máximo por saber qué ocurrió con los GAL” y pretendió formar parte de la “Comisión para Impulsar el Proceso de Paz” con ETA, promovida por Lokarri. De hecho, fue el propio Consejo General del Poder Judicial quien salió al paso de ese intento por la incompatibilidad que implicaba.
Como informa OKDIARIO, Biurrun accede a esta plaza de forma interina tras la jubilación de Juan Luis Ibarra, si bien no descarta presentar candidatura para que su paso interino se convierta en fijo al frente del organismo judicial. No parece que el perfil de la presidenta interina del Tribunal vasco sea el más adecuado para trasladar una imagen de independencia judicial, pues su cercanía a Podemos es difícilmente discutible. Comparte con Podemos Euskadi  “espacios de encuentro y de trabajo” en la defensa de los “derechos de ciudadanía”.
Preguntada por los GAL en una reciente entrevista, la presidenta interina del Tribunal Superior no tuvo reparos en expresar públicamente que «lo que no se conoce es quién auspicio, fomentó y financió eso desde el Estado”. Y metida de lleno en harina política, añadió: «Todas las instituciones del Estado deberían tener un interés máximo en saber lo que ocurrió”. O sea, que abogó claramente por crear una comisión de investigación parlamentaria.
Antes de obtener su plaza en la judicatura, Biurrun  fue militante de Euskadiko Ezkerra y miembro de CCOO. Ha formado parte también de Gesto por la Paz, Lokarri, Movimiento por la Paz y Amnistía Internacional.
Está claro que Biurrun es una juez que ocupa un altísimo cargo en las instituciones del Estado y que su labor jurisdiccional está impregnada de ideología. O sea, que es juez y parte.